La insolvencia para personas naturales, una figura con la que se busca ayudar a quienes tienen problemas financieros para que logren un acuerdo con sus acreedores y puedan volver a salir adelante, se está convirtiendo en un remedio peor que la enfermedad.
Así lo reiteró este martes 21 de abril Asobancaria, que desde el año pasado ha advertido que la flexibilización introducida a este instrumento en 2025 ha derivado en su uso indebido como mecanismo de fraude. Según el gremio, personas inescrupulosas están aprovechando estos cambios para sobreendeudarse y posteriormente declararse insolventes con el fin de evadir el pago de sus obligaciones.
Desde hace 14 años, en Colombia se creó un marco legal para que las personas naturales pudieran acogerse a la insolvencia, similar a la bancarrota empresarial, con el fin de reorganizar sus deudas y acordar planes de pago con acreedores. Recientemente, la norma fue flexibilizada: ahora basta con estar en mora en el 30 % de las deudas (antes era el 50 %) y se incluyeron obligaciones como las libranzas. Estos cambios impulsaron un fuerte aumento en las solicitudes, que crecieron 64 % entre 2023 y 2024 y 46 % en 2025.
Sin embargo, este aumento no responde necesariamente a un deterioro financiero general, sino al uso indebido de la ley promovido en redes sociales, donde se difunde erróneamente que permite “eliminar” deudas. En realidad, la insolvencia solo suspende pagos para facilitar acuerdos y deja efectos negativos en el historial crediticio.
La presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Diana Talero, explicó que el uso distorsionado de los procesos de insolvencia es impulsado por abogados inescrupulosos que no solo engañan a los ciudadanos, sino que pueden llevarlos a incurrir en conductas ilegales. “Cualquiera que promueva estas prácticas será denunciado y perseguido”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a proteger el sistema crediticio y a los deudores que realmente enfrentan una incapacidad de pago.
Talero enfatizó en que el régimen de insolvencia está diseñado para ayudar a quienes no pueden cumplir sus obligaciones, no para evadirlas. En ese sentido, insistió en que el proceso de liquidación patrimonial busca pagar con los recursos disponibles, no “quedar libre” de deudas. También alertó que la desinformación —difundida principalmente en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook— vende falsas promesas de condonación y bienestar inmediato, lo que termina afectando el acceso al crédito y podría traducirse en tasas más altas. “La crisis se resuelve con el sistema de insolvencia, no con gastos innecesarios”, señaló.
La presidenta del instituto también advirtió que estas prácticas afectan a acreedores de buena fe y distorsionan el funcionamiento del sistema económico. Indicó que ya se adelantan procesos de denuncia y que algunas sanciones serán anunciadas próximamente, aunque evitó dar nombres. Además, hizo un llamado al Ministerio de Justicia para reforzar la vigilancia sobre los centros de conciliación. Según explicó, el crecimiento de los casos ha sido exponencial: de cerca de 400 hace una década a unos 20.000 en la actualidad, lo que refleja tanto el mayor uso del mecanismo como los riesgos asociados a su indebida promoción.
El abogado Iván Cancino, quien lidera varias de las denuncias penales en estos casos, reiteró que a los abogados que se les compruebe la promoción de estas prácticas fraudulentas también se les abren procesos disciplinarios. De hecho, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya emitió el primer fallo contra algunos juristas, quienes se exponen a sanciones que van desde la suspensión de la tarjeta profesional por dos años o más hasta su cancelación definitiva. A esto se suman posibles cargos penales como concierto para delinquir y fraude procesal.
“Se han detectado situaciones recurrentes que nos permiten advertir sobre una estructura criminal, un cartel de la insolvencia a través de asesorías para evadir el pago de obligaciones con el sistema financiero, el sector real, las telcos, los proveedores, entre otros, lo que genera consecuencias para los implicados como la pérdida de confianza, el reporte a las centrales de riesgo, barreras de acceso al crédito e incluso consecuencias penales”, advirtió Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.
El gremio hace un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, así como a los ciudadanos para hacer uso responsable de las herramientas legales disponibles. De igual forma, reitera que quienes participen en este tipo de prácticas se exponen a graves consecuencias, entre ellas sanciones disciplinarias, multas e incluso penas privativas de la libertad, por conductas que implican engaño al sistema judicial.