Recibir una demanda de divorcio después de dedicar años al cuidado de los hijos, del hogar o de un familiar puede generar una preocupación adicional: cómo sostenerse económicamente si durante ese tiempo no se tuvo un salario propio.
La situación tiene una dimensión importante. Según el DANE, en 2025 las mujeres dedicaron 23 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a nueve horas de los hombres. Estas labores tuvieron un valor estimado de $340,5 billones, equivalente al 19,9 % del PIB.
Este aporte, sin embargo, no significa que esas horas se conviertan automáticamente en una indemnización al momento de un divorcio. Lo que sí cambió con la Ley 2442 de 2024 es que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio por su sola voluntad. La otra persona no puede impedir que el matrimonio termine, pero sí puede discutir las condiciones económicas y familiares que se definan durante el proceso.
En este contexto, Karen Castellanos, docente de Derecho de Familia de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, explicó que “la persona que recibe la demanda no puede oponerse a que el matrimonio termine. Lo que sí puede y debe controvertir son las condiciones”
De esta manera, quien dependía económicamente de su pareja puede solicitar alimentos y apoyo económico mientras avanza el proceso, siempre que demuestre que realmente lo necesita. El juez puede establecer cuánto debe aportar cada cónyuge, teniendo en cuenta la capacidad económica de quien tendría que pagar y las necesidades de quien solicita la ayuda.
Sin embargo, estar desempleado no genera automáticamente el derecho a recibir una cuota. “Estar desempleado es apenas un indicio; lo que el juez evalúa es si, en la práctica, esa persona puede o no cubrir su subsistencia por sus propios medios”, señala Castellanos. La Corte Constitucional reiteró en 2026 que deben analizarse la necesidad de quien solicita los alimentos, la capacidad de quien tendría que pagarlos y la permanencia de esa necesidad.
Por ello, demostrar los años dedicados al cuidado puede ser relevante. Entre los documentos que pueden ayudar están la historia laboral, las semanas cotizadas a pensión, matrículas escolares, citas médicas, certificados de las personas cuidadas, testimonios y mensajes que permitan evidenciar cómo se distribuyeron las responsabilidades familiares.
Además, es importante no confundir tres asuntos: los alimentos de los hijos, los alimentos para el cónyuge y la liquidación de la sociedad conyugal. Cada uno tiene reglas diferentes. Incluso tener una vivienda o ser propietario de una parte de ella no elimina automáticamente la posibilidad de solicitar alimentos, pues un inmueble no necesariamente representa recursos disponibles para cubrir los gastos mensuales.
Antes de firmar un acuerdo, conviene revisar por separado las necesidades económicas, las obligaciones con los hijos y los bienes que hacen parte del patrimonio matrimonial, además de conservar los documentos que permitan demostrar la situación económica y familiar.