América Latina y el Caribe han registrado cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas superiores a los US$360.000 millones por desastres de origen natural durante los últimos 50 años. El impacto equivale, en promedio, a un desastre por semana y evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, aseguramiento y recuperación en la región.
De acuerdo con el informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural, cuatro de cada diez personas en América Latina y el Caribe han sido afectadas por fenómenos como tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales.
El informe, impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, Mapfre y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, advierte que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de estos eventos, con consecuencias sobre las viviendas, las cadenas logísticas, los ingresos de los hogares y las finanzas públicas.
Uno de los principales problemas identificados es la brecha de protección aseguradora, que alcanza el 81% en la región. Esto significa que una proporción importante de las pérdidas ocasionadas por catástrofes no cuenta con cobertura, lo que dificulta la recuperación de las familias, empresas y gobiernos.
Ante este panorama, el informe propone una Estrategia Iberoamericana que complemente los sistemas de protección civil con instrumentos financieros como seguros, reaseguros, fondos de contingencia y bonos catastróficos, además de alianzas entre los sectores público y privado.
La propuesta también plantea la necesidad de invertir hasta US$31.000 millones anuales en infraestructura resiliente frente a inundaciones y huracanes, así como movilizar otros US$15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.
El documento incluye un decálogo de medidas que contempla convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado, ampliar el acceso a seguros, garantizar pagos rápidos después de las catástrofes, incorporar innovación tecnológica y vincular el aseguramiento con la prevención.
La iniciativa fue presentada a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para su análisis en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid el 4 y 5 de noviembre de 2026.