Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional definirán durante este miércoles 11 de noviembre, la suerte del estado de emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, como medida extraordinaria para atender el desastre ocasionado por el terremoto del pasado 10 de agosto.
SEMANA conoció que el magistrado Juan Carlos Cortés, responsable de estudiar a fondo ese estado de excepción, presentó a sus colegas una ponencia en la que pide avalar el decreto con el que el Ejecutivo logró activar ese mecanismo que se usa en hechos extraordinarios como desastres naturales graves.
Hay que recordar que el terremoto que se registró hace tres meses de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 300 personas fallecidas, 4.500 heridos, más de 100 desaparecidos y cerca de 800.000 personas afectadas en varias regiones del país, especialmente en Cali, Pereira y Manizales.
El pasado mes de septiembre, la Defensoría del Pueblo le envió un concepto a la Corte Constitucional en el que solicitó declarar exequible el decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Así mismo, pidió que se fijen tres condiciones sobre su aplicación:
- Que cubra los municipios afectados y no la totalidad de los 16 departamentos en los que se declaró la emergencia.
- Que las medidas se incorporen con enfoque diferencial, interseccional y étnico que responda a barreras y afectaciones a poblaciones especiales.
- Que se verifique la deficiencia de los recursos ordinarios, la necesidad de los extraordinarios y el monto que requiere la atención de la emergencia.
Por su parte, la Procuraduría también pidió avalar la emergencia que declaró el presidente De La Espriella por el cumplimiento de requisitos formales como las firmas del mandatario y sus ministros, los motivos para expedirlo, la notificación al Congreso y las comunicaciones internacionales al respecto.
A partir de estos conceptos los magistrados de la Sala Plena deberán definir si la declaratoria de emergencia que decretó el Gobierno De La Espriella cumple con los requisitos de sobreviniencia, gravedad e insuficiencia de las medidas ordinarias para atender una emergencia de tal magnitud.
Los estados de emergencia son verificados por la Corte Constitucional a partir de los requisitos estrictos que pide el uso de ese tipo de facultades que le permite al Ejecutivo, durante un tiempo limitado, acudir a medidas extraordinarias para atender una situación excepcional.
Después del emergencia que provocó el terremoto del pasado 10 de agosto, el Gobierno se concentró en las labores inmediatas de rescate a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y después declaró el estado de excepción para financiar la reconstrucción sin afectar las finanzas públicas.
Esa medida administrativa le permitió al Gobierno nacional implementar tres mecanismos financieros inmediatos para centralizar las donaciones, acelerar los créditos internacionales y modificar las partidas presupuestales para atender las pérdidas preliminares por casi 30 billones de pesos que dejó el terremoto.