En medio de los cambios que ha anunciado el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella frente a la política de paz de la anterior administración, la Corte Constitucional emitió un auto en el cual la da 30 días hábiles para que presente una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, en su Plan Nacional de Desarrollo.
Los magistrados de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) a los derechos fundamentales de los firmantes del acuerdo reiteraron que siguen los bloqueos institucionales para garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas.
Esa fue una de las principales razones para que la Corte requiriera al Ejecutivo en busca de nuevas acciones que permitan cumplir los compromisos pactados entre la antigua guerrilla y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
En el auto 1538 expedido el pasado 4 de noviembre, la Corte recordó que el Acuerdo Final de 2016 tiene una naturaleza distinta de negociación, se constituye como una política pública de Estado y su implementación es un compromiso que deben cumplir todas las autoridades.
#Política | Ley de Sometimiento del Gobierno de Abelardo De La Espriella fue aprobada en Senado y Cámara: “Se acabó la Paz Total”.https://t.co/NlzooPvlnX
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Por eso, el pronunciamiento de la justicia aclaró que aunque el Gobierno tiene margen para determinar los mecanismos para cumplir esos compromisos, esa facultad tiene límites constitucionales frente a su implementación sobre la seguridad de quienes firmaron el acuerdo.
La Corte Constitucional le pidió al Gobierno De La Espriella que incluya en su Plan Nacional de Desarrollo un capítulo de las inversiones en materia de paz y también le sugirió acciones para que superen la situación de vulnerabilidad que actualmente viven los firmantes.
“Juan Manuel Santos decía que éramos enemigos de la paz. No, enemigos de una paz mal hecha”: dice el ministro Alejandro Ordóñez sobre el acuerdo de La Habana. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/aouCRUWtAr
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El Ejecutivo también deberá entregar un informe detallado sobre los recursos que se destinaron para resolver esos obstáculos, cumplir los objetivos y las metas de paz, y los mecanismos para garantizar su continuidad.
La decisión estuvo sustentada en las advertencias que hizo la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, frente a los posibles riesgos que traerían consigo los recortes presupuestales y las dificultades en la operación de las entidades que le hacen seguimiento a los compromisos pactados.
El reto institucional que le impuso la Corte al Gobierno con esta decisión son los plazos de 20 y 30 días hábiles, dependiendo de cada entidad, para entreguen información actualizada y verificables sobre el cumplimientos de las órdenes impartidas y el verdadero funcionamiento de los mecanismos de seguimiento.