Hace algunas horas, el presidente Abelardo De La Espriella sancionó la nueva Ley de Sometimiento, un proyecto que, tras su paso por el Congreso, obtuvo luz verde de la Cámara de Representantes y del Senado, por lo que ahora se convertirá en ley de la República.
La nueva normativa introduce un cambio importante en la política de paz y seguridad de Colombia, pues establece un marco jurídico específico para que las organizaciones armadas ilegales y criminales se sometan a la Constitución y la ley, permitiendo la desmantelación de sus estructuras y que estas entreguen sus economías ilícitas.
Uno de los principales cambios es la eliminación de la paz total de Petro, que, en vez de mejorar la seguridad del país, logró el efecto contrario: fortalecer a los grupos armados y evitar su sometimiento. Ahora, se pasará de negociar la paz a exigir el sometimiento a la justicia.
La molestia del Pacto Histórico
Tras la entrada en vigencia de la norma, varios sectores políticos han reaccionado. Los que más se han mostrado en desacuerdo son los integrantes del Pacto Histórico, la colectividad de la que proviene Petro y que en repetidas ocasiones enalteció y defendió a criminales.
Una de las principales opositoras a la ley es la senadora Isabel Zuleta, quien aseguró que la paz no “se construye condenando a sus firmantes a ser postulados eternos, sin un lugar en la sociedad. Los procesos anteriores nos dejaron lecciones sobre los riesgos de reincidencia en la violencia. Nosotros, en cambio, conseguimos bajar los indicadores de homicidio a un dígito en el Valle de Aburrá”, detalló sobre la normativa para someter a grupos armados.
Resulta paradójico que la congresista se refiera a la paz, mientras buscaba enaltecer a delincuentes con el tarimazo del 21 de junio de 2025, en La Alpujarra, Medellín, donde presuntamente habría incidido en la salida de 23 peligrosos cabecillas a un evento público.
Otro congresista de la colectividad que se pronunció fue Gabriel Becerra, quien aseguró que el sometimiento a la justicia no puede ser un cheque en blanco para el Gobierno.
Señaló que hizo una propuesta para que dentro del articulado se eliminen expresiones que puedan criminalizar la protesta social y que sea un juez, no el presidente, quien determine la pertenencia a un grupo.
¿Qué dice el Centro Democrático?
Daniel Briceño y Hernán Cadavid, congresistas del Centro Democrático, hablaron en SEMANA sobre la molestia que hay en la colectividad de izquierda.
Cadavid aseguró que la razón es que se desmontaron su bandera política y la base del acuerdo criminal de sectores del Pacto para llegar a la Presidencia de la República, además del plan de beneficios que se estructuró durante 4 años para beneficiar a las estructuras, suspendiendo órdenes de extradición.
“Ese modelo era el que les permitía a ellos tener sostenibilidad política en muchas regiones de Colombia y es natural que, apenas encuentren que esto ha sido un gran fracaso, se sentirán muy aludidos e incómodos y en un lugar de desventaja frente a lo que venían haciendo”, dijo Cadavid.