La emergencia económica que expidió el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para atender la emergencia que provocó el terremoto en Colombia está en la Corte Constitucional para que pase por el control político y jurídico sobre el poder del Ejecutivo.
Desde la Corte informaron: “Respecto del expediente RE 409, en el que la Corte revisará el Decreto No. 1261 del 19 de agosto de 2026, ‘Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional’, por sorteo le correspondió la elaboración de la ponencia al magistrado Juan Carlos Cortés González”.
El decreto de Emergencia Económica es una decisión trascendental de Estado que nos permitirá atender con celeridad a las zonas afectadas, sin dilaciones ni trabas burocráticas.
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026
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El magistrado Cortés es el mismo que estuvo a cargo de revisar el decreto legislativo con los paquetes de impuestos del Estado que declaró el expresidente Petro a través de su primera emergencia económica; esa herramienta fue declarada inconstitucional por parte de la Corte en abril de 2026.
Cabe recordar que la Corte Constitucional también estuvo a cargo de verificar la emergencia económica que declaró el gobierno Petro por la crisis climática que atravesó Colombia a comienzos de este año.
Ahora el magistrado Cortes tendrá la tarea de revisar las 19 páginas del decreto 1261 que expidió el nuevo Gobierno el 19 de agosto de 2026, para atender la emergencia generada por el terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.
El presidente De La Espriella explicó recientemente en su cuenta de X que “el decreto de Emergencia Económica es una decisión trascendental de Estado que nos permitirá atender con celeridad a las zonas afectadas, sin dilaciones ni trabas burocráticas”. Además de la compleja situación fiscal que atraviesa el país.
La emergencia del nuevo Gobierno contempló medidas excepcionales durante 30 días en departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
Su expedición se justificó a partir de las cifras que ha dejado la tragedia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo confirmó que el terremoto ha dejado más de 300 fallecidos, cerca de 5.000 heridos y más de 260 personas que han sido reportadas como desaparecidas.
La Corte Constitucional tendrá que definir si esas medidas excepcionales ordenadas por el presidente Abelardo De La Espriella son acordes a la Constitución del 91 y se implementaron para atender de urgencia el desastre que dejó el sismo de magnitud 7,4.