Los acuerdos ofrecidos por la Fiscalía a 11 integrantes de la llamada primera línea, capturados por presuntos actos de terrorismo durante protestas en Bogotá, escandalizaron a Colombia. Sin embargo, esa negociación sería apenas el abrebocas de un plan para beneficiar a procesados en más de 80 expedientes en todo el país.
SEMANA conoció las actas de reuniones con directivas de la Fiscalía, conversaciones entre quienes estuvieron en esos encuentros e informes que contienen un inventario de procesos judiciales a escala nacional. Los expedientes incluyen delitos como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, tortura, secuestro simple, desaparición forzada, rebelión, sedición, instigación a delinquir y violencia contra servidor público. Estos casos formarían parte de un plan de negociación masiva que buscaría resolver la situación judicial de integrantes de la primera línea.

“Este grupo se crea con la intención de cumplir compromisos políticos, por eso se hace a través de la Unidad de los Delegados ante la Corte Suprema y el grupo de justicia restaurativa, porque si sale algún escándalo, no se vincula con el despacho de la fiscal general”, señalan los chats que conoció SEMANA y que advirtieron la oscura movida para favorecer judicialmente a los protagonistas del terror durante las protestas.

El acta de la reunión tiene fecha del 23 de junio de 2026; fue híbrida (virtual y presencial). Duró apenas media hora, entre las 3:30 y las 4 de la tarde. La reunión se adelantó dos semanas después de otro encuentro en el que, según las fuentes de la misma Fiscalía, se advirtió que la fiscal Luz Adriana Camargo “no estaba contenta” con el escrito de acusación en contra de “los 11” procesados por terrorismo en Bogotá.
El objetivo de la reunión era claro y quedó consignado en el acta que obtuvo SEMANA y en la que se indica que la orden fue hacer el “inventario nacional” con los procesos que podrían pasar a un grupo de tareas especiales, creado en la Dirección de Justicia Restaurativa, donde justamente se cocinaron los acuerdos con los integrantes de la primera línea en Bogotá.

“No es una unidad de justicia alternativa, sino una unidad que replantea el sistema penal acusatorio con enfoque constitucional y humano. Presentó el Grupo de Tareas Especiales como una respuesta estratégica a la preocupación de la fiscal general ante el escenario poselectoral polarizado”, señala el acta del inventario de casos.
El documento, además, menciona que hay procesos de “mayor riesgo” y es cuando se ordena la priorización, es decir, el análisis y evaluación de aquellos casos que deben llegar pronto al mentado Grupo de Tareas Especiales y construir las alternativas de “uso proporcional de medidas de aseguramiento y exploración de preacuerdos, principios de oportunidad e incidentes de reparación”.
En otras palabras, el plan de la Fiscalía consiste en identificar procesos contra personas capturadas por delitos que también se investigan en expedientes relacionados con las disidencias de las Farc, el ELN o el Clan del Golfo. Se trata, de fondo, de actos de terrorismo que fueron vinculados con la protesta social. Bajo ese argumento pasaron al Grupo de Tareas Especiales para “modular las medidas de aseguramiento” y ofrecer los beneficios jurídicos.

Funcionarios de la Fiscalía aseguran que lo ocurrido con “los 11” de la primera línea en Bogotá podría repetirse con personas procesadas por diversos delitos en otras regiones del país. “La idea es pagar favores políticos y garantizar beneficios judiciales, como que salgan de la cárcel o que tengan penas absurdamente bajas para el daño causado”, le manifestó una fuente a SEMANA, de la cual se guarda reserva de la identidad.
En conversaciones entre funcionarios de la Fiscalía a las que tuvo acceso SEMANA, se señala que los beneficios otorgados a integrantes de la primera línea en Bogotá, mediante la firma de preacuerdos, responderían a compromisos políticos asumidos directamente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Según esas conversaciones, de ahí surgirían la urgencia y el interés por completar el inventario de procesos judiciales en el ámbito nacional.
El acta expresa con claridad que es urgente adelantar las reuniones y definir los procesos que llegarían al Grupo de Tareas Especiales, es decir, los beneficiados con este plan masivo de negociaciones, e insiste en que debe avanzar con celeridad antes de la primera vuelta presidencial de 2026.

“La Unidad Nacional de Justicia Restaurativa (UNJR) presentó la razón de ser del Grupo de Tareas Especiales, creado para abordar el fenómeno de la protesta social desde una perspectiva integral. La reunión fue convocada con urgencia ante la proximidad de las elecciones del domingo y el riesgo de disturbios poselectorales”, indica el documento.
Como si se tratara de un ensayo, el acta advierte que el caso de “los 11” procesados por terrorismo, destrucción de TransMilenio, amenazar a conductores, pasajeros y quemar un bus del SITP en Bogotá era la “inauguración” de este llamado Plan Estratégico y Operativo en la Fiscalía.
Aunque se observa la dimensión de este caso, del número de personas procesadas, los delitos investigados y la contundencia de las pruebas, en el acta se dejó constancia de que ese proceso se lo quitaron a la fiscal y fue reasignado al Grupo de Tareas Especiales, que, al final, firmó los acuerdos con generosos beneficios de rebaja de pena.
Sin rodeos, el acta explica que el caso de “los 11” de la primera línea en Bogotá servirá como “piloto” de este plan masivo de beneficios. El experimento o intento de negociación con procesados por terrorismo se logró con la presentación de los acuerdos, las rebajas de pena y la posibilidad de que puedan quedar en libertad.

El acta incluye una serie de compromisos de quienes asistieron a esa reunión, y a la cabeza, como coordinadora, quedó la fiscal Zenaida de Jesús López, la jefa de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Se ordenó crear un comité técnico jurídico que revisará los procesos y, además, deberá completar el inventario de casos en todo el país.

El inventario
Un informe con el listado de casos relacionados con la protesta social, entregado a los participantes de la reunión del 23 de junio de 2026, identifica 81 procesos que podrían pasar al Grupo de Tareas Especiales. Llama la atención que varios de ellos involucran delitos graves, como tortura, secuestro, desaparición forzada y terrorismo.
El documento en poder de SEMANA señala que son más de 159 personas procesadas en esos 81 expedientes; la mayoría se encuentra en la ciudad de Cali, otro porcentaje en Bogotá, seguida por Medellín. El inventario dice con claridad que los casos incluidos son “potencialmente asociados al ámbito del Grupo Especial de Trabajo”, es decir que pueden entrar al plan de beneficios masivos.

“La propuesta preliminar de priorización elaborada por la UNJR (Unidad Nacional de Justicia Restaurativa) constituye un punto de partida útil para orientar las actividades iniciales del Grupo Especial de Trabajo y concentrar esfuerzos en los radicados que presentan mayor relevancia estratégica o complejidad”, menciona el inventario.
Ese listado, dice el informe, es el “punto de partida” para la implementación del plan estratégico de la Fiscalía con los beneficios a procesados por actos violentos, ataques a la fuerza pública, destrucción de medios de transporte y elaboración de artefactos explosivos. En síntesis, actos de terrorismo, pero que, en criterio de la Fiscalía y en la administración de Luz Adriana Camargo, deben tener un tratamiento “humano”.
Como en la reunión donde se advirtió que la fiscal Camargo “no estaba contenta” con el escrito de acusación contra “los 11” de la primera línea en Bogotá, en este nuevo encuentro hubo funcionarios que no estaban de acuerdo con la propuesta de beneficios a procesados. En los dos casos rodaron cabezas: quienes presentaron reparos a semejante exabrupto terminaron fuera de la Fiscalía.
