Luego del escándalo y los reparos por los supuestos beneficios que se estarían entregando en la Fiscalía a integrantes de la primera línea, se conoció que el ente acusador firmó un acuerdo con quienes fueron investigados por más de dos años y señalados de destruir estaciones de TransMilenio, incendiar buses del Sitp y amenazar a ciudadanos.
El acuerdo tiene varias contradicciones porque, mientras en algunos de sus apartes se advierte la gravedad de los hechos que fueron investigados por la misma Fiscalía, en otro señala que los elementos de prueba hasta ahora recaudados no alcanzan el grado para convertirse en el delito de terrorismo.
“Le muestra una papa bomba al conductor y le manifiesta: ‘Necesitamos este bus rápido y no queremos hacerle daño”, empezó a lanzar papas bombas contra el piso frente al bus para intimidar a los pasajeros y al conductor. Con un machete procede a romper los vidrios del bus por los lados”, advierte el acuerdo y al mismo tiempo resalta que “no alcanzan el estándar exigido para el delito de terrorismo”.
Cuando la fiscal Luz Adriana Camargo firmó una resolución para crear un grupo y quitarle los procesos relacionados por terrorismo a fiscales de la seccional de Bogotá, la alcaldía de Bogotá expresó su preocupación; aun así, la decisión se mantuvo y una investigación que llevó la captura de 11 integrantes de la primera línea terminó en una unidad de justicia restaurativa.
SEMANA conoció detalles de lo que llevó a la creación de ese grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa, que asumió el proceso contra los 11 integrantes de la primera línea. Una reunión con directivas del ente acusador en la que se impartió una supuesta orden de la fiscal general incluía cambiar el delito de terrorismo por asonada.
“La fiscal, no está contenta con esa acusación”, dijo un invitado a esa reunión en la que participó la delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo; la coordinadora de los fiscales, delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Zenaida de Jesús López; el jefe de la Unidad Justicia Transicional, Juan Andrés Cano, y dos fiscales de la Seccional de Bogotá.
En la resolución para quitarle el proceso a las fiscales, a pesar de los elementos de prueba y la evidencia recuperada que incluye videos e interceptaciones con los detalles de la planeación, organización y ejecución de los actos de terrorismo en la ciudad de Bogotá, la Fiscalía advierte que no se puede criminalizar la protesta pacífica, como si los actos que se investigaron estuvieran relacionados con la movilización y no con la destrucción.
“La actuación se relaciona con hechos ocurridos en escenarios de protesta social, que exigen armonizar dos mandatos constitucionales. Por un lado, el deber de la Fiscalía de adelantar el ejercicio de la acción penal… y de otro, la protección reforzada del derecho a reunirse, manifestarse pública y pacíficamente”, señala la resolución.
El acuerdo finalmente se firmó y la Fiscalía lo presentó ante los jueces con el propósito de legalizarlo y obtener los beneficios para los integrantes de la primera línea que no hicieron nada más que aceptar responsabilidad sin ningún acto de reparación.