Difusión de videos íntimos sin autorización provoca llamado al Congreso por falta de sanciones penales

La Corte Constitucional volvió a poner sobre la mesa la necesidad que hay en la actualidad para que el Congreso de la República cree y determine sanciones penales en contra de quienes difundan videos, fotos o contenidos íntimos de otras personas sin su consentimiento.

El pronunciamiento se dio después de que la corporación resolvió una tutela que radicó una mujer que acudió a ese recurso, después de que su expareja habría accedido a una serie de archivos privados y difundió dicho material íntimo con su actual compañera sentimental.

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, la Sala consideró que la víctima en este proceso identificada como Ángela, denunció que su expareja conocido como Esteban, y su actual compañera sentimental, identificada como Milena, accedieron sin autorización a material audiovisual íntimo que tenía almacenado en archivos privados.

En el expediente quedó claro que Ángela tenía como actividad económica la producción de contenido para adultos en plataformas digitales, sin embargo, esa ocupación la tenía bajo reserva de su familia para proteger a su hija menor de edad.

Esa situación habría sido vulnerada cuando su expareja supuestamente ingresó sin autorización a sus dispositivos, obtuvo los videos íntimos y después se los entregó a su actual pareja. Lo grave es que ese contenido lo habría utilizado para amenazar a la víctima con divulgarlo.

La Corte concluyó que Esteban y Milena vulneraron los derechos fundamentales de Ángela y de su hija menor de edad a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y a una vida libre de violencia.

Después de analizar esa acción judicial, los magistrados de la Sala Segunda de Revisión reiteró que en Colombia existe y persiste un vacío legal frente a este tipo de conductas y le llamó la atención al Congreso de la República para que pronuncie sobre ese tema coyuntural durante la siguiente legislatura.

El pronunciamiento de la Corte dejó claro que ese vacío en el Código Penal de Colombia ha provocado que no haya consecuencias jurídicas contra quienes difunden videos íntimos sin consentimiento. El compromiso ahora está en la cancha del Congreso de la República.