Los primeros cálculos sobre el costo de los daños causados por el terremoto del 10 de agosto se quedaron cortos. El Gobierno estimó inicialmente 30 billones de pesos y ya el PNUD ha hablado de 45 billones, mientras que los aseguradores calcularon preliminarmente que tendrían que responder por entre 4 y 6 billones de pesos en siniestros.
No obstante, Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda, aseguró durante la Convención Internacional de Seguros 2026, que se realiza en Cartagena, que el monto de las reclamaciones recibidas por las aseguradoras ya obligó a constituir reservas técnicas por 5,7 billones de pesos, una cifra que sigue creciendo semana a semana.
“La cifra de 6 billones seguramente era muy corta”, insistió Morales al explicar que el volumen de reclamaciones ha venido aumentando a un ritmo superior al previsto inicialmente. Según detalló, a la fecha se han recibido 92.336 reclamaciones relacionadas con el sismo y, solo frente a ese universo de reportes, las compañías ya han tenido que apartar recursos para responder por los siniestros.
El dirigente gremial explicó que esa reserva técnica —la “alcancía” que las aseguradoras están obligadas a constituir apenas reciben una reclamación— aumentó en 250.000 millones de pesos frente a la semana anterior, lo que da cuenta de la velocidad con que siguen llegando y cuantificándose los daños. En términos porcentuales, dijo, el crecimiento semanal de las reclamaciones ronda el 11 %.
Pero la mayor señal del tamaño real del golpe no está solo en las reservas, sino en los pagos efectivos. Morales informó que las aseguradoras ya han desembolsado 401.000 millones de pesos, un monto 46 % superior al de la semana previa. Esos recursos, subrayó, ya están llegando a familias, empresas, colegios y centros comerciales de las zonas afectadas, donde comienza el proceso de reconstrucción.
“Eso se inyecta directamente en las regiones golpeadas. Son familias que están recibiendo dinero, empresas que pueden empezar a reconstruir, colegios que pueden retomar su actividad”, sostuvo.
El presidente de Fasecolda señaló además que el 2,2 % de las reclamaciones ha sido objetado, lo que corresponde a 2.119 pólizas por cerca de 25.000 millones de pesos. Según explicó, entre las principales razones están las solicitudes presentadas con cargo a pólizas que no corresponden al siniestro reportado o que ya no se encontraban vigentes al momento del terremoto.
Por otro lado, insistió en que, pese al tamaño del siniestro, el terremoto encontró a la industria aseguradora en un momento de fortaleza financiera. Aseguró que ninguna compañía se va a quebrar por el sismo y que tampoco hay riesgos graves para la solidez del sector, gracias a los niveles de capital, solvencia y reservas, además del respaldo de las reaseguradoras internacionales.
Aun así, reconoció que el evento ha puesto a prueba tanto los modelos de estimación como la capacidad operativa del sistema. Explicó que las compañías venían entrenando protocolos para catástrofes y que, incluso, a finales del año pasado, el gremio realizó un simulacro de terremoto con observadores internacionales. Sin embargo, la realidad del desastre dejó ver fallas y cuellos de botella que no estaban totalmente dimensionados.
Entre ellos, mencionó problemas logísticos y hasta burocráticos, como las dificultades de movilidad para los ajustadores por restricciones de pico y placa en algunas ciudades, justo cuando era clave acelerar las inspecciones de edificios y viviendas. “Eso revela el tipo de problemas que hemos tenido que enfrentar en el despliegue”, comentó.
El presidente de Fasecolda aprovechó para poner el desastre en contexto. En Colombia hay 2,68 millones de inmuebles asegurados y el valor total asegurado de esos bienes asciende a 2.500 billones de pesos. Sin embargo, el verdadero problema está en la brecha de aseguramiento: en vivienda, apenas está asegurado el 9 % de lo que potencialmente podría estar cubierto, es decir, la brecha llega al 91 %.
En el caso específico del terremoto, señaló, esa brecha parece ser algo menor porque muchas de las zonas afectadas corresponden a áreas formales de ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde la cultura de aseguramiento es más alta. Por eso, estimó que en esta emergencia la cobertura podría alcanzar cerca del 20 % de los inmuebles afectados, un dato superior al promedio nacional, pero todavía insuficiente.
Morales volvió a poner sobre la mesa un problema estructural de Colombia: millones de hogares y bienes siguen expuestos, sin protección, ante una catástrofe.