Hace 13 años en Colombia se creó un marco legal que busca ayudar a las personas naturales a declararse en bancarrota, tal como lo hacen las empresas, con el objetivo de que puedan organizar su dinero, acordar un plan de pago con sus acreedores y poder volver a salir a flote.
La idea era que cuando demostraban que estaban colgadas en más de 90 días con el 50 % de sus deudas, pedían acogerse a la ley de insolvencia, lo cual les permitía suspender los pagos pendientes, mientras acordaban una forma de pago. Este año, la norma fue ajustada y flexibilizada y ya no se exige estar en mora en la mitad de las acreencias, sino solo con el 30 % y se incluyeron también las deudas por créditos de libranzas, que son las que se descuentan directamente de nómina.
Esta situación llevó a que se dispararan las solicitudes de insolvencia de personas naturales. Crecieron 64 % entre 2023 y 2024 y en 46 % en los primeros 10 meses de 2025. Esto significa que de enero a octubre se presentaron 15.110 solicitudes y la estimación de los expertos es que al cierre del presente año se puede llegar a 18.000.
Y el tema no se debe a que más colombianos estén con problemas financieros, sino al hecho de que muchos se están dejando llevar por los cantos de sirena de personas que, a través de redes sociales como TikTok, les prometen que pueden ayudarlos a salir de sus culebras e incluso a endeudarse más sin tener que pagar nada, lo cual no es falso.
En publicaciones de TikTok se ve a un abogado que le dice a su audiencia que si quieren pasar el fin de año sin deudas, lo contacten antes de que arranque la vacancia judicial, para así poder acogerse a la ley de insolvencia y ‘quedar libres’, pero eso no es así, pues esta norma no “elimina” las deudas, simplemente las pone en pausa con el fin de que se puedan facilitar acuerdos, pero no exime del pago. Además, los incumplimientos dejan huella en las centrales de riesgo (Datacrédito y TransUnion) y puede cerrar la puerta a nuevos créditos formales por un buen tiempo.
El problema es que los promotores del mal uso de la ley de insolvencia no solo venden la falsa idea de que deja libre de deudas a las personas, sino que se ha comprobado que los incentivan a adquirir nuevos créditos para que armen un paquete más grande, que demuestre una mayor incapacidad de pago y que ‘en teoría’ no tendrían que devolver.
Por ejemplo, el equipo jurídico del Banco Popular, que como los demás establecimientos de crédito han padecido la disparada de solicitudes de este mecanismo, sostiene que la prueba de que se está usando de mala fe es que muchos buscan insolventarse poco tiempo después de que les han desembolsado créditos (a los dos o tres meses) y no buscan lograr un acuerdo con sus acreedores, sino irse a liquidación patrimonial, con la idea de no pagar.
Los abogados que promueven este tipo de prácticas les cobran un porcentaje de los créditos recién desembolsados y dejan a sus víctimas no solo por fuera del sistema financiero formal, sino con graves problemas legales, tanto en el ámbito civil, como en el penal.
En el Banco Popular, por ejemplo, han detectado que de las solicitudes de insolvencia que les llegan entre 60 % y 70 % son fraudulentas y por eso, ya tienen a 15 personas denunciadas y preparan la misma acción contra otras 17.
Desde Asobancaria, el gremio de los banqueros, también han señalado que, como ocurre con muchas normas bien intencionadas, en el caso del ajuste que se le hizo a la ley de insolvencia, el resultado ha sido el de distorsiones preocupantes, “pasando de herramienta de protección a instrumento de abuso”.
En una columna de octubre pasado en el diario La República, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró frente a este tema que los deudores que caen en la trampa enfrentan efectos colaterales que superan el alivio inicial.