En el marco del debate electoral que definirá el rumbo del país para el período 2026-2030, a Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) decidió no quedarse al margen. El gremio presentó una agenda técnica con diez prioridades que, en su criterio, el próximo gobierno no puede ignorar si Colombia quiere consolidarse como referente de economía digital en América Latina.
La iniciativa llega en un momento de cifras récord para el sector. El eCommerce colombiano cerró 2025 con 684,6 millones de transacciones en línea y ventas que alcanzaron los 145,4 billones de pesos, los registros más altos del sector. Sin embargo, la CCCE advierte que ese dinamismo enfrenta brechas estructurales que solo pueden cerrarse con decisiones de política pública claras y sostenidas desde el Estado.
“El eCommerce en Colombia ha demostrado ser un motor real de productividad, inclusión financiera y generación de empleo”, afirmó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la CCCE. Para la dirigente gremial, el reto del próximo cuatrienio es que el gobierno entienda que la economía digital no se reduce a conectividad: abarca infraestructura, regulación, talento, logística y confianza.
La agenda técnica recoge diez ejes considerados prioritarios. El primero es la infraestructura digital productiva: la CCCE plantea que la conectividad debe medirse no solo por cobertura, sino por su capacidad real de habilitar pagos, comercio electrónico y exportaciones, con redes 5G y centros de datos como base para que las MiPymes puedan operar y escalar.
El segundo eje es la ciberseguridad. El gremio pide una estrategia nacional que proteja a comercios, plataformas y usuarios frente al fraude, la suplantación y la filtración de datos, bajo el argumento de que una falla en cualquier punto del ecosistema puede afectar la confianza del consumidor y comprometer la viabilidad de empresas de cualquier tamaño.
Otros puntos de la agenda incluyen la formación en habilidades digitales desde la educación básica, la creación de un marco que permita la innovación responsable en inteligencia artificial, y la adopción del principio de responsabilidad limitada para intermediarios digitales, conocido como Safe Harbor, que evitaría tratar a plataformas y marketplaces como responsables automáticos por las acciones de terceros.
La agenda también aborda un problema logístico concreto y poco discutido: la baja adopción del código postal y la ausencia de estándares de georreferenciación, que generan entregas fallidas y exclusión territorial, especialmente en zonas rurales y municipios alejados de los grandes centros urbanos.
En materia tributaria, la CCCE llama a revisar el régimen de importaciones de bajo valor para evitar que productos extranjeros ingresen al país con ventajas que distorsionan la competencia con el comercio nacional. Y en el frente financiero, propone avanzar hacia pagos digitales interoperables e inclusivos, con una hoja de ruta clara sobre criptoactivos, stablecoins y una eventual moneda digital del banco central.
Para el último punto sobre la medición, la CCCE plantea que Colombia debe contar con estadísticas oficiales, oportunas y desagregadas sobre ventas en línea, empleo digital y aporte del eCommerce al PIB. Sin datos suficientes, señala el gremio, la política pública digital seguirá siendo incompleta.
“Colombia tiene hoy una oportunidad histórica de posicionarse como referente de economía digital en América Latina. Tenemos el crecimiento, tenemos el ecosistema y tenemos el talento”, concluyó Quiñones. El mensaje al próximo presidente es claro: la agenda digital no puede seguir siendo un capítulo secundario.