Hace unas semanas, el Gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa al presidente Gustavo Petro por lo que llamó “acciones imprudentes e incendiarias” de parte del mandatario colombiano, tras un discurso en las calles de Nueva York, en el que “exhortó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.
En su momento, el jefe de Estado colombiano tuvo el respaldo de miembros del Gobierno, como el secretario Jurídico, Augusto Ocampo; la canciller, Rosa Villavicencio, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que renunciaron a sus visas en señal de apoyo a Petro.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, que desde 2023 no tiene visa a Estados Unidos, hizo algunos señalamientos en el país.
“El tema de las visas es otra vez una narrativa y un problema de la clase alta, de la clase media alta y de los igualados. Porque más o menos el 12% de la población colombiana es la que puede viajar a Estados Unidos, es la que tiene que salir a conseguir visa y más o menos un 25% de esas visas son rechazadas. Luego entonces, este es un problema de la clase alta, de los arribistas y de los igualados, que les fascina ser sapos de los Estados Unidos”, dijo Benedetti en su cuenta de Instagram.
Y agregó, al referirse a las exportaciones: “Por ejemplo, las exportaciones de flores más o menos dan por hectárea una sola persona, un solo lugar de trabajo”.
Esta afirmación no cayó bien en el sector floricultor, y generó una ola de preocupación e indignación en los cultivos de la Sabana de Bogotá y el Oriente Antioqueño. Según voceros del sector, la cifra, tan dramáticamente baja como inexacta, ha obligado a la industria a levantar la voz y aclarar la realidad, que es, según sus cuentas, el mayor generador de empleo formal en el agro colombiano.
De acuerdo con sus cifras, la floricultura colombiana genera un promedio de 16 empleos directos y formales por hectárea. Esta cifra contrasta de manera tajante con el “uno por hectárea” mencionado por el jefe de la cartera política.
“La diferencia no es un simple error estadístico, sino una distorsión de la realidad socioeconómica del país. El sector cuenta con más de 200.000 empleos formales, en su gran mayoría directos, y se ha consolidado como un motor de desarrollo en zonas rurales, particularmente para las mujeres, quienes representan cerca del 60% de la mano de obra y, en muchos casos, son madres cabeza de familia”, señalaron voceros del sector.
Jaime Pinzón, gerente de un reconocido cultivo de rosas y director de Caproflor, la asociación de la cadena productiva de la flor, fue enfático en desmentir la afirmación del gobierno.
“Es lamentable que una figura tan importante como el Ministro del Interior tenga una visión tan desinformada de nuestra industria. La floricultura es, por naturaleza, intensiva en mano de obra“, declaró Pinzón. “Cada etapa del proceso, desde la siembra y el cuidado hasta el corte, la poscosecha y el empaque, requiere una gran cantidad de personal calificado. Es imposible manejar un cultivo de exportación con la cifra que él menciona; simplemente no conoce la operación“.
El director de Caproflor señaló que la fuerza laboral del sector se concentra en municipios donde la floricultura es la principal, si no la única, fuente de empleo formal. "Estamos ubicados en poblaciones que tal vez no son importantes dentro de los cálculos del Gobierno, pero sí tienen una gran necesidad social. Ofrecemos trabajos dignos, con todas las prestaciones de ley, lo que transforma la vida de miles de familias rurales", agregó Pinzón, insinuando que existe una falta de atención del Gobierno a este sector agrícola.
La preocupación del sector va más allá de un simple desinterés; se interpreta como una amenaza velada por este Gobierno al futuro de la industria. Pinzón subraya que esta retórica se suma a la exclusión de la floricultura de las prioridades del Gobierno.
“La reciente creación de las Áreas de Producción para Alimentos (APPA) es un ejemplo claro de cómo el Gobierno no nos ve como un aliado estratégico, sino como una actividad secundaria. Los textos de las APPA, un instrumento clave de planeación agrícola, no incluyen a las flores ni a las plantas ornamentales“, advierte Pinzón. “Esto genera un temor legítimo. Si solo se reconoce la producción de alimentos, existe el riesgo de que, a futuro, se promueva la erradicación o restricción de nuestras plantaciones bajo el argumento de priorizar cultivos alimentarios, afectando la estabilidad de nuestros 200.000 empleados y la principal exportación agrícola no tradicional del país", añade.
A esto se suman las discusiones sobre una normatividad ambiental que, en lugar de incentivar la sostenibilidad lograda por el gremio, busca imponer restricciones al uso de la tecnología de invernaderos, esencial para la calidad y la protección de los cultivos contra plagas y enfermedades.
El sector floricultor exige que el Gobierno, a través del Ministro del Interior, aclare y corrija públicamente sus declaraciones, reconociendo el verdadero impacto de esta industria que, con sus 200.000 empleos formales y su rol vital para la mujer rural, sigue siendo un referente de productividad y equidad en el campo colombiano.