Definir cuánto debe subir el salario mínimo en Colombia es una negociación cada vez más compleja, pues en ella no solo pesa la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también su elevado impacto inflacionario, su repercusión sobre la informalidad y el mensaje político que cada gobierno quiere dar.
Este año, el proceso no pinta fácil para la mesa tripartita en la que los trabajadores, los empleadores y el Gobierno deberán intentar lograr un acuerdo, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo han enviado mensajes de que quieren que el salario mínimo suba a 1.800.000 pesos en 2026 (incluyendo el subsidio de transporte) frente al 1.623.500 actuales.
Ese incremento, que sería del 11 %, chocaría con lo que actualmente se ha recomendado como alza, que es la suma de la inflación del año anterior, más la productividad laboral. Si se cumpliera esa fórmula, el alza no sería de más de 8 % y por eso están encendidas las alarmas.
En el centro de pensamiento de Anif, que lidera José Ignacio López, señalan que si el ajuste del salario mínimo supera significativamente la suma de los dos componentes recomendados, se generan riesgos macroeconómicos importantes: presiones inflacionarias, encarecimiento del empleo formal que puede llevar a aumentos en la informalidad y mayores costos fiscales para el Estado. “Por tanto, es fundamental alcanzar un equilibrio entre las aspiraciones sociales y la sostenibilidad económica, especialmente en un contexto de espacio fiscal limitado”, indican.
Agregan que este año la inflación inició bajando, pero desde junio viene subiendo y en octubre ya va en 5,51 %. A eso se suma, que según las cuentas de Anif, la productividad laboral ha disminuido en lo corrido del año. “El PIB por ocupado registró una caída de 1,2 %, que obedece a que el número de ocupados crece a un ritmo mayor que el del PIB. Este comportamiento responde en parte al aumento de la fuerza laboral durante 2025, y plantea el desafío de mantener la capacidad de absorción del mercado laboral en el mediano plazo”, precisan.
Así las cosas, la estimación de Anif es que la inflación termine este año en 5,34 % y que la productividad laboral crezca 2,2 %, lo que daría un aumento de referencia del salario mínimo, de 7,54 %. Ese aumento tendría varias implicaciones para los empleadores y los consumidores, así como para el Gobierno, el cual se vería obligado a gastar más en nómina y en pensiones, que en su mayoría son de salario mínimo y se ajustan en la misma proporción.
Se estima que por cada punto porcentual adicional en el aumento del salario mínimo por encima del salario real, el gasto en pensiones del régimen de prima media se incrementa en cerca de 0,24 billones de pesos, generando presiones adicionales sobre las finanzas públicas y reduciendo el margen fiscal disponible para atender otras prioridades sociales, aclaran en Anif y agregan que, si en efecto, se define un aumento de 7,54 % habría un sobrecosto fiscal cercano a 0,5 billones de pesos solo por el pago de mesadas pensionales.
Si el salario mínimo sube 10 %, el impacto fiscal ascendería aproximadamente a 1,12 billones de pesos. “La estrechez fiscal actual limita la capacidad del Gobierno para absorber incrementos significativos en el gasto público, en un contexto en el que las metas de la regla fiscal exigen prudencia y sostenibilidad en las cuentas del Estado. Un ajuste del salario mínimo que exceda los fundamentos de inflación y productividad podría generar presiones adicionales sobre el déficit, comprometer la estabilidad macroeconómica y frenar la creación de empleo formal”, insisten en Anif.