A partir del 1 de octubre de 2026, el precio de venta al público de la gasolina corriente registrará un incremento promedio a nivel nacional de $46 por galón, lo que representa una variación del 0,29 % con respecto a las tarifas aplicadas en septiembre.
La medida fue oficializada mediante la actualización conjunta de resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El ajuste obedece de manera directa a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, insumo clave elaborado a partir de caña de azúcar que integra la fórmula del combustible.
Con esta decisión, el gobierno señaló que busca incentivar la recuperación del Valle del Cauca, región líder en la producción del biocombustible que sufrió severas afectaciones por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.
Estabilidad en el ACPM y eficiencia en el gasto público
Por otro lado, el precio de referencia del ACPM (diésel) no experimentará modificaciones durante todo el mes de octubre, prolongando la congelación tarifaria iniciada en septiembre.
Esta medida busca aliviar la carga económica de las familias y transportadores en las zonas impactadas por la emergencia natural, evitando el traslado de sobrecostos operativos a la cadena logística regional.
La estabilización de la tarifa del ACPM fue posible gracias al reajuste técnico de los componentes internos de su estructura de costos.
La medida generará un ahorro fiscal estimado en $15.803 millones, al reducir la suma de subsidios requeridos por la Nación para amortiguar los precios, lo que, según los ministerios, optimiza la administración de los recursos del Estado.
Aplicación en estaciones de servicio y precios finales
Las tarifas de referencia fijadas por el Gobierno operan como base regulatoria en cada capital y municipio del territorio nacional. Los precios finales al consumidor pueden presentar ligeras variaciones dependiendo de las condiciones logísticas, fletes de transporte e impuestos locales correspondientes a cada estación de servicio en el país.
El Gobierno nacional ratificó que continuará monitoreando las dinámicas internacionales del mercado energético y la evolución macroeconómica interna.
Las autoridades priorizarán la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas, asegurando al mismo tiempo esquemas tarifarios acordes a la capacidad de pago de los sectores productivos y la ciudadanía.