El Gobierno nacional anunció que el próximo lunes 28 de septiembre decretará una nueva emergencia económica, esta vez como respuesta a los efectos que podría generar el fenómeno del Niño en diferentes sectores del país, especialmente en el campo y las actividades productivas.
La decisión fue anunciada este martes, 22 de septiembre, por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.
Según explicó el funcionario, la declaratoria será formalizada por el presidente de la República y todos los ministros, con el propósito de contar con herramientas que permitan responder de manera rápida ante las consecuencias de la temporada seca y las altas temperaturas.
Dangond sostuvo que la actual administración no recibió una estrategia presupuestal suficiente para enfrentar este escenario climático.
El ministro señaló que la falta de recursos destinados específicamente a esta contingencia obliga al Ejecutivo a adoptar mecanismos extraordinarios para atender a los sectores que puedan resultar afectados.
Uno de los principales objetivos de la medida será brindar alivios financieros a productores agropecuarios que enfrenten dificultades para cumplir con sus obligaciones.
Entre las alternativas planteadas está la posibilidad de suspender temporalmente los pagos de determinados créditos durante un periodo de tres o cuatro meses, mientras se estudian mecanismos para reorganizar las deudas del sector.
La situación financiera del sector agropecuario es uno de los puntos que más preocupa al Gobierno. De acuerdo con las cifras divulgadas durante el debate, las obligaciones de los productores vinculados a varios renglones exportadores alcanzarían cerca de 55 billones de pesos, mientras que esas actividades representan alrededor de 11.000 millones de dólares anuales en ventas externas.
El anuncio ocurre mientras las autoridades mantienen la atención sobre otros posibles efectos del Niño, entre ellos la disminución de lluvias, el descenso de los niveles de los embalses, el aumento del riesgo de incendios forestales y las dificultades para garantizar agua y energía en algunas zonas.