Empieza la misión de reorganizar la casa para conducir la economía con una visión distinta a la que implementó el Gobierno saliente, que le entregará las riendas del país a Abelardo De La Espriella y su equipo a partir del 7 de agosto.
En el empalme, el Ministerio de Hacienda deberá entregar la sustentación del Presupuesto General de 2027, que por norma prepara el Gobierno saliente y debe radicarse en el Congreso entre el 20 y el 29 de julio. Desde entonces, el panorama puede cambiar: la propuesta ganadora en las elecciones plantea un rumbo distinto, incluido un recorte del Estado, que creció hasta registrar 170.000 contratos de prestación de servicios en mayo de 2026. En ese contexto, el plan de austeridad de De La Espriella plantea un recorte de 70 billones de pesos, cifra mucho mayor a la prevista por el Gobierno de Gustavo Petro en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Pero el verdadero reto será el de lograr gobernabilidad para ganar confianza frente a un cambio de régimen.
Cuentas sinceradas
Muchas de las cuentas están en rojo y requerirán maniobras de todo tipo, porque lo urgente no da espera: pagar para reducir deuda, conseguir nuevos ingresos públicos, recortar gastos y, aun así, impulsar nuevos programas y proyectos para honrar promesas de campaña.
Aunque la propuesta de De La Espriella es elevar el crecimiento hacia niveles muy altos, en un rango de entre 5 y 7 por ciento, lo que automáticamente generaría ingresos, la ruta no está aún clara.
Se ha hablado de reactivación del sector de hidrocarburos, incluido el fracking, pero, desde la perspectiva de Munir Jalil, de la firma BTG Pactual, si bien el potencial de esa estrategia es relevante, “su impacto debe leerse como un estabilizador de producción de mediano plazo, no como un choque inmediato de crecimiento”.
En todo caso, la primera pieza del engranaje será el presupuesto de 2027. Aunque algunas voces plantean que el nuevo Gobierno debería retirarlo para ajustarlo a sus prioridades, el representante Óscar Darío Pérez aclaró que eso no sería posible.
Según recordó el parlamentario, el escenario natural para esa discusión serán las comisiones económicas del Congreso, que incluso podrán devolver el monto global y, después, revisar las asignaciones para los sectores prioritarios.
Mientras se conoce el proyecto oficial de presupuesto para 2027, del cual empezará a depender la consolidación fiscal que busca De La Espriella, el anteproyecto –que no son las cuentas definitivas– contempló una cifra de 597 billones de pesos, con la expectativa de pagar 124,5 billones de la deuda, ya que, según el MFMP realizado por el actual Gobierno, se bajará el déficit fiscal hasta 4,5 por ciento en 2027, desde un 5,3 por ciento previsto para cerrar 2026.
La disyuntiva está en lo que se ha dicho con insistencia: “El presupuesto es inflexible en cerca del 90 por ciento”, es decir, deja poco margen de maniobra.
Carf sugiere un ajuste alto
El panorama sería aún más complejo si, como advierte Jalil, las cuentas del MFMP sobrestiman la senda de ingresos –339 billones de pesos por impuestos para 2027–, subestiman el gasto primario –bienes, servicios, inversión y programas sociales, sin incluir el pago de intereses de la deuda– y parten de un pronóstico de deuda demasiado optimista, equivalente al 58,9 por ciento del PIB.
Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), estima que cumplir con la meta fiscal del actual Gobierno requiere un ajuste en ingresos o gastos cercano a 80 billones de pesos, pues, en sus estimaciones, no incluye –por ahora– el recaudo de una eventual reforma tributaria. Además, agrega el experto, “en ausencia de medidas para reducir el gasto, este sería superior al previsto en el Marco Fiscal, en 46 billones de pesos”.
Para Betancur, la receta de cómo lograr el ajuste fiscal está en el recorte. “Lo que evaluamos en el Carf es cuál debe ser el tamaño del ajuste para estabilizar las finanzas públicas y evitar un evento severo de estrés financiero. De acuerdo con nuestro análisis es necesario adoptar medidas en ingresos y gastos por alrededor de 5 puntos del PIB (cerca de 100 billones de pesos) para evitar un comportamiento explosivo de la deuda pública”.
Al decir del experto, un ajuste de ese estilo implica evaluar múltiples dimensiones. “En primer lugar, la gradualidad: entre más rápido se materialicen las señales de consolidación fiscal, menor será el ajuste total necesario, pero ese plan fiscal debe consultar su impacto en el crecimiento económico y debe proteger a los hogares más vulnerables”.
De igual manera, se tendría que considerar “una mezcla entre medidas en gastos (que implicará gestionar las inflexibilidades) y/o en ingresos”, entre otras alternativas que se tendrían que concertar entre Gobierno y Congreso.
Gasto si, pero con calidad
Acudir a la calidad del gasto podría ser definitivo para equilibrar las finanzas públicas, según el actual viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, quien señala que -no obstante- todo es fácil decirlo, pero gastar de manera eficiente no es algo que pueda lograrse de buenas a primeras.
Según el funcionario, las normas están hechas para que el gasto esté amarrado y enredado en una cadena de intermediarios, sin que el beneficio previsto alcance a llegar al ciudadano. Desde su perspectiva, se requiere cumplir algunos criterios para que se pueda optimizar el uso de los recursos públicos y las mismas leyes lo restringen. “Usamos un enfoque de resultados para priorizar el gasto y las entidades terminan ajustándose a ese criterio, sin tener en cuenta otros, lo que conduce a que no siempre se llegue a soluciones reales”, afirmó.
Como ejemplo de su argumento puso el caso de un acueducto que fue bien diseñado y hasta entregado efectivamente. El presupuesto por resultados se hizo efectivo, pero la obra se construyó en un lugar donde no hay agua potable.
Al referirse a la necesidad de avanzar hacia la calidad del gasto público, también mencionó otras inversiones que podrían resultar más eficientes, pero que no se hacen porque suenan intangibles, como las que tienen que ver con cultura ciudadana. Así, sustentó que si un grupo de personas va a un partido de fútbol y a la salida terminan enfrentados por sus diferencias, conlleva gastar más recursos en policías para resguardar el espacio público, con mayor pago de horas nocturnas y extras.
Cambiar numerosas normas y aplicar estrategias que podrían resultar impopulares forma parte del ajuste fiscal necesario. Sin embargo, ese proceso no parece posible con la inmediatez que probablemente exigirán los colombianos.
Tributaria, en alto riesgo de ejecución
La reforma tributaria, por ejemplo, que será pieza indispensable para que el presupuesto de 2027 sea creíble, tiene un alto riesgo de ejecución, según afirma Jalil, pues está orientada a simplificar el sistema sin subir impuestos, según lo que se ha dicho hasta el momento.
“El énfasis está en la eliminación del 4 × 1.000, que recaudó 16,3 billones de pesos en 2025”, recordó el economista de BTG Pactual.
También se basa en la reducción de cargas para empresas que generen empleo formal, la digitalización del cumplimiento tributario, la ampliación de la base y la eliminación de exenciones consideradas ineficientes, lo que, a juicio de Jalil, son medidas cuya viabilidad exigirá una alta capacidad de gobernabilidad. “Toda reforma que reduzca ingresos permanentes requerirá aprobación legislativa, consistencia con la regla fiscal y fuentes alternativas de recaudo creíbles”.
Las tareas no son para nada sencillas y, de primerazo, el nuevo Gobierno tendrá que lucirse con el presupuesto que organice para 2027.