La Procuraduría General de la Nación envió una comisión especial a San Andrés y Providencia para investigar presuntos hechos de corrupción que involucrarían a servidores públicos del archipiélago, informó la entidad.
El desplazamiento se realizó desde Bogotá, a las 6:00 a. m., por instrucción del procurador general, Gregorio Eljach, quien designó al equipo encargado de asumir las actuaciones relacionadas con las denuncias conocidas públicamente durante el pasado fin de semana.
Según el organismo de control, la decisión se tomó después de las declaraciones del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien hizo públicas las denuncias sobre los presuntos hechos de corrupción en esa zona del país.
La comisión está integrada por cinco investigadores, encabezados por una procuradora delegada y acompañados por personal especializado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE).
De acuerdo con la Procuraduría, el propósito de la misión es avanzar en las indagaciones para determinar si existen conductas que comprometan la responsabilidad disciplinaria de funcionarios públicos.
La entidad señaló que el equipo fue designado directamente por el procurador general y tendrá a su cargo las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados.
La llegada de la comisión se produce después de que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitara la intervención de la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para investigar presuntas irregularidades en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La petición fue anunciada el 18 de octubre por la secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, por instrucción del presidente De La Espriella.
Entre las solicitudes del Gobierno se encuentra la conformación de un equipo conjunto para examinar las denuncias, coordinar las investigaciones desde Bogotá y evitar posibles presiones locales.
También pidió a la Procuraduría evaluar el ejercicio de su poder preferente y a la Contraloría considerar la aplicación del control fiscal excepcional, mecanismos que permitirían intervenir en actuaciones dentro de sus respectivas competencias.
La intervención de la Procuraduría se enmarca en sus funciones de vigilancia de la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas y en la facultad de establecer posibles responsabilidades disciplinarias, de acuerdo con los resultados de las actuaciones correspondientes.
El envío de la comisión constituye el inicio de las labores anunciadas por el organismo de control frente a las denuncias divulgadas.
La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las evidencias que se recauden y de las actuaciones que se desarrollen en el marco de los procedimientos legales.