Arrendar una propiedad en Colombia requiere medidas de prevención que van más allá de firmar un contrato y recibir el primer pago. Si un inmueble termina vinculado a una actividad ilícita, su propietario podría enfrentar un proceso de extinción de dominio, incluso si no participó en los hechos.
Así lo advierte Karina Tatiana Reyes, expresidenta de la junta directiva de Fedelonjas y gerente general de Inmobiliaria Esteban Ríos, quien señala que los propietarios deben adoptar medidas para verificar a sus inquilinos y documentar las actuaciones realizadas durante el arrendamiento.
En Colombia, la Ley 1708 de 2014 regula la extinción de dominio, una figura de carácter patrimonial que es autónoma frente a la responsabilidad penal. Por ello, la existencia de un contrato no garantiza que una propiedad quede excluida de una investigación.
“Que el propietario no haya cometido un delito no significa, por sí solo, que el inmueble quede excluido de una investigación”, explica Reyes.
La experta recomienda, en primer lugar, comprobar la identidad del futuro arrendatario, revisar los documentos que presenta y evaluar la actividad que desarrollará en el inmueble, de acuerdo con el tipo de alquiler.
Otro aspecto consiste en establecer visitas de inspección para revisar el estado de la propiedad y verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas. Estas visitas deben tener una finalidad definida y realizarse bajo condiciones acordadas, con respeto por la privacidad de quienes habitan el inmueble.
“Una cláusula de este tipo no convierte al propietario ni a la inmobiliaria en autoridad pública, ni autoriza el ingreso unilateral a una vivienda habitada contra la voluntad de quien la ocupa”, señala Reyes.
En cuanto al contrato, la especialista plantea que se deben precisar las consecuencias de incumplimientos como cambiar el uso autorizado de la propiedad o subarrendarla sin permiso. Las condiciones de terminación deben ajustarse a la legislación aplicable.
También aconseja priorizar los pagos por canales bancarios, que permiten identificar a quienes participan en las transacciones y conservar registros de los movimientos de dinero.
La documentación es otro de los puntos centrales. Reyes recomienda guardar el contrato, los documentos de identificación y verificación del arrendatario, los comprobantes de pago, las comunicaciones, las autorizaciones y los registros de las visitas. Asimismo, considera importante dejar constancia de las señales de alerta y de las medidas adoptadas para atenderlas.
“El objetivo no es fabricar una defensa después de ocurridos los hechos”, concluye la experta.