Muchos consumidores han enfrentado una situación incómoda al momento de pagar sus compras: encontrar un producto con un precio marcado en la estantería y descubrir que, al pasar por caja, el valor registrado en el sistema es más alto.
Ante esta diferencia, algunos establecimientos argumentan que se trata de fallas en la actualización de precios o errores en sus plataformas, pero la normativa colombiana establece reglas claras para proteger al comprador.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó que los establecimientos comerciales tienen la obligación de informar de manera precisa, visible y verificable el precio de los productos ofrecidos al público.
Esto significa que los valores exhibidos deben corresponder con la realidad y no pueden generar confusión al consumidor durante la compra.
De acuerdo con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, cuando existen dos precios diferentes para un mismo artículo, debe aplicarse el valor más favorable para la persona que realiza la compra. En otras palabras, si un producto aparece anunciado con un precio menor en una etiqueta, aviso o cualquier otro medio dentro del establecimiento, ese es el valor que debe respetarse.
La entidad explicó que argumentos como que una promoción ya terminó, que el aviso no fue retirado a tiempo o que hubo inconvenientes con el sistema interno del comercio no eliminan la responsabilidad del establecimiento frente al consumidor. La actualización de precios y la correcta información al público hacen parte de las obligaciones de los vendedores.
Para evitar inconvenientes, los compradores pueden tomar algunas medidas cuando detecten una diferencia de precios.
Una de ellas es conservar evidencia del valor anunciado, por ejemplo mediante una fotografía de la etiqueta o del aviso correspondiente. También es recomendable guardar la factura en caso de que el cobro se haya realizado con un valor superior al informado.
Si el comercio se niega a reconocer el precio anunciado, el consumidor puede acudir a las autoridades competentes para presentar una reclamación y solicitar que se revise el caso. La Red Nacional de Protección al Consumidor cuenta con canales de atención para orientar a los ciudadanos en este tipo de situaciones.
La recomendación de las autoridades es que los compradores conozcan sus derechos y verifiquen la información antes de finalizar una compra. Mientras tanto, los comercios deben garantizar que sus sistemas, etiquetas y promociones estén alineados para evitar cobros incorrectos y posibles sanciones.