Hay pocos países en el mundo en los que las autoridades asfixien más a los empresarios que en Colombia. Los requisitos burocráticos de toda índole pueden fácilmente costarles a las empresas entre tres a seis meses de dedicación casi exclusiva para cubrir las exigencias del Estado. Las consecuencias de aún la más leve demora en presentar el alud de los requisitos son cuantiosas multas que para muchas empresas, especialmente las medianas y pequeñas, las pueden llevar a la quiebra.
Pero hay multitud de microempresas criminales que operan a plena luz del día, no solo sin tener que llenar requisito burocrático alguno, sino con la complacencia, tácita o implícita, de las autoridades. En este artículo se van a mencionar dos de este tipo de empresas:
Las primeras son las llamadas “Pinchallantas” cuyo principal centro de operación es la Avenida 80 en Bogotá y la localidad de Funza. El modus operandi de los bandidos es muy conocido y documentado, tanto por las autoridades, los conductores y los medios. Según reciente artículo en El Tiempo, “Hay una banda que está operando en la calle 80 con carrera 65 en el sentido occidente-oriente. Perfilan generalmente adultos mayores y mujeres solas, en vehículos de media y alta gama. Suelen pinchar las llantas en el semáforo ubicado antes del puente de la calle 80, sobre la avenida 68, usando los llamados pitos. Eso lo hacen utilizando personas que se movilizan en bicicletas o motos. Luego recomiendan un sitio para el arreglo y en ocasiones, al llegar al lugar, les pinchan hasta las cuatro llantas y les cobran a las víctimas sumas millonarias”.
Un reciente twit del exalcalde Enrique Peñalosa retrata el drama de miles de vehículos: “La mafia de los pinchadores desde motos... estos en la calle 80... los montallantas del sector muy probablemente son de un solo dueño que organiza la actividad delincuencial. La Policía puede y debe investigar. Cuando van a “despinchar”, destrozan las llantas y le sacan millones a los ciudadanos”.
El artículo de El Tiempo señala con precisión los principales lugares en donde operan los criminales: “También pudo comprobar que había unas rutas específicas donde estaban colocando los artefactos para destruir los neumáticos: Titán Plaza - Portal de la 80 (26 %), Los Héroes-Home Center (21 %), Portal 80- Ciudadela Colsubsidio (20 %), Portal 80-Puente de Guadua (15 %) y saliendo de Bogotá (3 %). Entrando a Bogotá, el 55 % de estos casos se concentra en la avenida Boyacá hacia el oriente y saliendo el 68 % de los casos se concentraron entre Titán Plaza y la Ciudadela Colsubsidio”. En la localidad de Funza, en la avenida que conduce desde Cota a Mosquera, los “pinchallantas” igualmente operan a plena luz del día y con total impunidad.
¿La pregunta de fondo es que sabiendo las autoridades que de manera sistemática las bandas de “pinchallantas” actúan a plena luz del día (y en la noche también), por qué no hacen mayor cosa? ¿Complicidad? ¿Miedo? ¿Pusilanimidad? ¿Por qué no pasan las autoridades, entre ellos la Dian, a revisar si cumplen con el pago del IVA?
Otras microempresas criminales que operan a plena luz del día son la de los arrendadores de las camionetas de la UNP para trasportar dineros y droga. Según informes de prensa, “Un nuevo escándalo tiene a los carros de la Unidad Nacional de Protección bajo la mira de las autoridades. En las últimas horas, una camioneta blindada asignada para un esquema de seguridad fue retenida por llevar en su interior una alta suma de dinero. Este caso se suma a otros que las autoridades investigan y que están relacionados con el alquiler de este tipo de vehículos para mover grandes cargas de cocaína y marihuana por diferentes zonas del país, en episodios que ya tienen tras las rejas al exsubdirector de protección de la entidad, Ronald Rodríguez”. En el caso concreto de la camioneta, que transportaba 700 millones de pesos, el vehículo estaba asignado a Carlos Gilberto Walteros, un Gobernador Indígena involucrado en varios casos de arriendo de estas camionetas.
Como se ha mencionado en otro artículo, muy buena parte de estas camionetas se utilizan para otros menesteres como hacer el mercado y llevar los críos a las guarderías. La protección debe limitarse a las muy pocas personas que lo necesitan, exclusivamente en sus desplazamientos oficiales. Es por ello que se debe implementar de manera inmediata una especie de “Uber” de camionetas blindadas cuya misión sea trasportar a aquellas personas que lo necesiten al lugar de su trabajo. Si un congresista requiere desplazarse al Capitolio, que una camioneta lo lleve y lo traiga, punto. Esto de tenerles camionetas blindadas de tiempo completo, no solo es una vagabundería, sino que se presta a que florezca el maravilloso y criminal negocio de arrendar camionetas blindadas del Estado para trasportar dinero y droga.