Hace dos semanas, el Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un proyecto de decreto cuyo objetivo es —presuntamente— regular la tercerización e intermediación laboral irregular en Colombia; sin embargo, este intento normativo que se presenta, sin darle muchos rodeos, es abiertamente ilegal.
A pesar de su gravedad y del riesgo que representa para el mercado laboral colombiano, la formalización del empleo y la libertad de empresa, la iniciativa ha pasado desapercibida. Hasta el momento, solo se han registrado algunos pronunciamientos tímidos por parte de los gremios y silenciosas reacciones de ciertos centros de pensamiento. Esta falta de reacción resulta preocupante, pues la medida amenaza con afectar profundamente las dinámicas laborales del país sin que se genere el debate público que la situación amerita.
No es la primera vez que un gobierno intenta imponer este tipo de regulación por vía administrativa: tanto los gobiernos del expresidente Uribe como los de Santos lo intentaron en los últimos veinte años, y ambos fracasaron estrepitosamente cuando el Consejo de Estado declaró nulos sus decretos. La ilegalidad era tan evidente que el gobierno Santos optó por derogar el decreto antes de que el Consejo lo tumbara por completo.
Este nuevo intento va aún más lejos en su ilegalidad. El decreto redefine conceptos y sanciones que ya existen en la normatividad vigente, algo que no puede hacerse por decreto. El Consejo de Estado ha reiterado que estos cambios, especialmente en lo que corresponde a las multas, solo pueden ser impulsados por el Congreso de la República. Pretender modificar el régimen sancionatorio por vía administrativa es desconocer la jerarquía normativa y la división de poderes.
Además, el proyecto es abiertamente inconstitucional al presumir la mala fe del empresario. Genera presunciones absurdas, como considerar que mantener contratistas por mucho tiempo implica la existencia de un contrato de trabajo. La duración de un contrato, por sí sola, no es un factor determinante en la naturaleza de la relación laboral. Esta presunción no solo es ridícula, sino que vulnera el principio de presunción de inocencia y la libertad contractual.
El documento bajo estudio también sataniza a las empresas de servicios temporales, imponiendo un límite de contratación del 10 % de la plantilla total de colaboradores. Esta restricción vulnera flagrantemente la libertad de empresa y definitivamente no puede establecerse por decreto. Incluso sería discutible que pudiera hacerse por ley ordinaria; en mi humilde opinión, una limitación de esa magnitud solo podría adoptarse mediante ley estatutaria o incluso a través de una reforma constitucional.
Paradójicamente, la norma pretende acabar con la tercerización de personas y servicios, lo que profundiza aún más la rampante y nefasta informalidad. Nos guste o no, esas empresas suelen ser formales y cumplen con todas las obligaciones laborales. El decreto, lejos de proteger a los trabajadores, de expedirse, puede empujarlos a la informalidad y a la precariedad.
Se trata de una norma populista que busca complacer a los sindicatos, bajo la falsa premisa de que la tercerización es la causa de su estancamiento. Hoy cualquier contratista puede sindicalizarse, por ende, las bajas tasas de sindicalización (menos del 5 %) obedecen a que los sindicatos no han logrado posicionarse como mecanismos eficientes, éticos y coherentes de mejora de las garantías laborales.
El proyecto de decreto no aporta nada nuevo, pues la normativa laboral colombiana ya regula estos temas; el problema real es la falta de inspección y vigilancia laboral. El Gobierno Petro genera mucho ruido, pero no presenta resultados tangibles en la protección de derechos laborales, enfocándose más en los titulares de prensa que en resolver problemas estructurales. Además, se critica y se persigue al empresariado formal mientras se ignora la informalidad; sorprende evidenciar que no hay avances claros en investigaciones sobre violaciones a los derechos laborales cometidas por allegados al Gobierno, paradójicamente, afectando a los más humildes.
La proliferación de estas iniciativas, lejos de resolver los verdaderos retos del mercado laboral, parece orientada a distraer la atención pública y fortalecer discursos que poco aportan a la realidad de los trabajadores colombianos. En lugar de enfrentar los problemas estructurales con seriedad y responsabilidad, se opta por estrategias que priorizan la percepción sobre el inexistente éxito de este gobierno, dejando de lado la necesidad de reformas profundas y consensuadas. Así, el país se ve envuelto en un ciclo en el que las promesas de transformación se diluyen en anuncios grandilocuentes y acciones superficiales, perpetuando la frustración y la incertidumbre entre quienes esperan respuestas genuinas y soluciones duraderas.