La Corte Constitucional ordenó al Icetex reanudar el desembolso de subsidios de sostenimiento que habían sido suspendidos a estudiantes beneficiarios de créditos educativos, al concluir que la entidad vulneró derechos fundamentales al cambiar de manera sorpresiva los criterios para otorgar ese apoyo económico.
La decisión se dio tras la publicación de la sentencia T-127 de 2026, en la que el alto tribunal estudió las acciones de tutela presentadas por tres estudiantes que, pese a haber recibido previamente el subsidio de sostenimiento, dejaron de percibirlo cuando solicitaron giros adicionales para continuar sus estudios.
“La Corte amparó los derechos fundamentales de dos de los accionantes y ordenó al Icetex desembolsar los recursos que les fueron negados”, señala la sentencia.
El tribunal explicó que los giros adicionales no constituyen un nuevo crédito educativo, sino una modalidad de renovación del préstamo inicialmente aprobado. En consecuencia, señaló que no existe una norma que autorice excluir del subsidio de sostenimiento a quienes ya habían sido reconocidos como beneficiarios.
Durante el análisis del caso, la Sala Sexta de Revisión concluyó que el subsidio de sostenimiento se reconoce desde la aprobación inicial del crédito, momento en el que se verifican los requisitos de acceso y la disponibilidad presupuestal.
A partir de ese momento, indicó la Corte, la continuidad del beneficio depende únicamente de la renovación del crédito y no de una nueva evaluación de las condiciones del estudiante.
Además, el alto tribunal cuestionó el cambio de criterio aplicado por el Icetex entre finales de 2024 y 2025, cuando comenzó a negar el subsidio a estudiantes con giros adicionales.
Según la sentencia, esa interpretación fue restrictiva, inesperada y contraria al principio de confianza legítima, pues miles de estudiantes planearon la continuidad de sus estudios contando con ese apoyo económico.
La Corte también rechazó el argumento de la falta de recursos presupuestales para justificar la suspensión de los desembolsos. Indicó que los subsidios ya reconocidos debían estar contemplados desde la adjudicación inicial del crédito y que eventuales fallas en la planeación o ejecución del presupuesto no podían trasladarse a los estudiantes.