La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 007 del 26 de agosto de 2026, con la que establece medidas especiales dirigidas a los consumidores financieros afectados por la situación de desastre y da instrucciones a las entidades vigiladas para mitigar sus efectos.
Las disposiciones contemplan acciones relacionadas con deudores de créditos, inversionistas y usuarios de servicios financieros, con el objetivo de facilitar la atención y el acceso al sistema financiero durante la emergencia.
Entre las medidas para los deudores se encuentra la posibilidad de refinanciar los créditos vigentes mediante la ampliación de plazos y ajustes en las condiciones de pago, siempre que estas modificaciones no impliquen mayores cargas para los afectados.
La circular también permite a las entidades ofrecer alivios adicionales, como períodos de gracia, tasas especiales, esquemas de amortización y plazos adicionales. Asimismo, contempla la posibilidad de “condonar o suspender intereses y cobros prejurídicos” en los casos que correspondan.
Frente a las necesidades de financiación, las entidades podrán ofrecer nuevos créditos en condiciones especiales a personas y empresas afectadas, teniendo en cuenta “su capacidad real o potencial de recuperación”.
La SFC indicó, además, que los créditos refinanciados podrán mantener temporalmente su calificación crediticia y que se podrán suspender reportes negativos hasta por 12 meses. Estos créditos no serán tratados, para efectos prudenciales, como modificados o reestructurados durante ese período.
Otra de las medidas establece una flexibilización en la evaluación de la capacidad de pago de los usuarios afectados. Para ello, las entidades podrán utilizar información alternativa y considerar ingresos futuros, así como las perspectivas de recuperación económica de los solicitantes.
En materia de seguros, la circular contempla facilidades para el pago de primas y establece la implementación de procedimientos y canales especiales para agilizar las reclamaciones. También incluye una tasación expedita de los siniestros asociados a la situación de desastre.
La entidad ordenó igualmente fortalecer la atención mediante canales alternativos o de terceros y ampliar el uso de herramientas digitales para garantizar la continuidad en la prestación de servicios financieros a los consumidores afectados.