El Foro Paz Electoral, organizado por SEMANA y la Procuraduría General de la Nación, se convirtió este viernes 31 de octubre de 2025 en el escenario clave para reafirmar el compromiso institucional con la democracia.
En el Hotel JW Marriott de Bogotá, las principales autoridades electorales, de control, del Gobierno Nacional y representantes de las regiones, del sector empresarial y social se reunieron para trazar el camino hacia unas elecciones libres, transparentes y seguras en 2026.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, despejó toda duda sobre el futuro político del país al afirmar con contundencia: “Sí habrá elecciones en 2026 y con respeto a los resultados”. Su mensaje, cargado de convicción democrática, fue uno de los objetivos del foro.
“La respuesta es clara: vamos a hacer las elecciones en la fecha prevista. Colombia tendrá elecciones libres, transparentes, seguras y legítimas”, enfatizó el jefe del Ministerio Público.
Eljach explicó que la Procuraduría ha asumido el papel de guardiana de la democracia, con la misión de proteger la legitimidad de las instituciones y fortalecer la confianza ciudadana. Anunció la creación de dos procuradurías delegadas para los asuntos electorales, encargadas de vigilar el cumplimiento normativo y la logística del proceso.
“No he encontrado registro de que antes la Procuraduría haya asumido como misión principal la protección de las elecciones. El momento actual lo exige”, señaló, al recordar la alianza con la Registraduría, la Contraloría y las Fuerzas Armadas.
El procurador también advirtió que los resultados de los próximos comicios definirán el futuro económico, social y ambiental del país. “De esas elecciones dependerá la economía, la educación, la justicia, la vivienda y hasta la calidad del aire que respiramos”, resaltó, invitando a los ciudadanos a votar con conciencia y sin odio. Llamó a los candidatos a hacer campañas respetuosas y a los medios de comunicación a mantener su compromiso con la verdad. También se refirió a los empresarios: “Son la otra mitad del país. Pagan impuestos, generan empleo y permanecen más allá de los gobiernos. Son fundamentales para la estabilidad nacional”, agregó.
Por su parte, Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil, se refirió a las garantías técnicas y transparentes alrededor del proceso y señaló, “Nuestro deber es proteger la confianza ciudadana y garantizar elecciones íntegras y confiables”, aseguró. Además, advirtió que el mayor desafío para el próximo proceso electoral será enfrentar la desinformación y las narrativas que buscan desacreditar la labor institucional. “Cuando se golpea a la Registraduría, no se ataca a una persona, se afecta al Estado de derecho. Debemos frenar la desconfianza para proteger la democracia”, subrayó.
El registrador también destacó los avances tecnológicos que se implementarán en 2026, como la combinación de biometría facial y dactilar, la digitalización de formularios y la presencia de observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. “Estamos listos para ofrecer un proceso moderno, auditable y seguro. El derecho al voto libre es la prioridad”, concluyó Penagos.
La voz del Gobierno
En el mismo foro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, participó de manera virtual en el panel “¿Está Colombia lista para unas elecciones en paz?”. Desde su intervención, reafirmó el compromiso del Gobierno: “Sí habrá elecciones en 2026.” Con esta declaración, Benedetti despejó los rumores sobre una posible postergación y recalcó la voluntad del Ejecutivo de respetar los tiempos constitucionales y avanzar hacia un proceso en paz y con plenas garantías democráticas.
Benedetti expuso la evolución de la situación de orden público en el país. Recordó que mientras al final del gobierno de Juan Manuel Santos había cerca de cien municipios con problemas de seguridad, esa cifra se duplicó durante la administración Duque y alcanzó casi trescientos en las elecciones pasadas. “Hoy estamos entre 220 y 230 municipios con algún nivel de riesgo”, explicó. Según el ministro, las organizaciones criminales han cambiado su estructura: “Lo que antes era un narcotráfico vertical, hoy funciona como una franquicia: cultivamos, producimos y vienen a recoger la coca.”
En materia de seguridad electoral, Benedetti precisó que se desplegarán 120.000 hombres de la fuerza pública para garantizar la tranquilidad en los más de 13.000 puestos de votación, cifra que podría llegar a 20.000. “En más del 90 por ciento del país hay garantías para que las personas puedan votar y haya buen desempeño del proceso”, aseguró. Dijo que el Gobierno también ha hecho esfuerzos para garantizar la protección de todos los candidatos. “Los recursos se han buscado y arañado por todos lados, porque sabemos que es primordial que cada candidato tenga garantías para ejercer su derecho”, señaló.
Seguridad electoral en las regiones
En el panel “Por unas elecciones libres, seguras y transparentes en las regiones” participaron Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE); Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta; Clara López, senadora de la República, y Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, quienes discutieron los retos territoriales para garantizar procesos electorales confiables y sin contratiempos.
Las panelistas coincidieron en la necesidad de reforzar la independencia electoral desde las regiones, asegurar la presencia institucional en todo el territorio y promover la participación ciudadana informada, pilares clave para consolidar unas elecciones libres, seguras y en paz.
Para Barrios, el acceso a la información es el pilar fundamental para unas elecciones libres y seguras. “Lo más importante, indiscutiblemente, es el acceso a la información. Acceso a la información de absolutamente todos los actores que intervienen en el proceso electoral; eso significa acceso a la información oportuna, adecuada y pertinente desde el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, pero también de las organizaciones políticas y los candidatos”, indicó.
Por su parte, la gobernadora Cortés resaltó la importancia de la articulación institucional para proteger la democracia en todos los rincones del país y enfatizó en la necesidad de que la información llegue a la ciudadanía y que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de transparencia.
“Aquí estamos en un Estado social de derecho; aquí hay entidades, está la fuerza pública, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría, los gobernadores, los alcaldes, los organismos internacionales, todo el mundo verificando que a todos se les respete”, refirió.
La dimensión de la amenaza en los territorios fue detallada por Matiz, gobernadora del Tolima, y alertó sobre la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos en más de cien municipios. Para la mandataria, la seguridad y la claridad en las reglas electorales son condiciones indispensables para que los ciudadanos puedan votar con confianza.
“Tenemos actualmente en el país más o menos seiscientos municipios que tienen algún nivel de alerta temprana para las elecciones que se avecinan. Tenemos ciento cuatro municipios del país que tienen una alerta, y en esos municipios no solamente hay presencia de grupos armados, sino que además también hay cultivos de coca”, explicó.
Al final, cada una habló de la hoja de ruta que van a seguir para garantizar unas elecciones libres y seguras. Todas coincidieron en que la información oportuna y veraz, el estricto control ético y el acompañamiento de la fuerza pública serán claves para los comicios de 2026.