La Agencia Tributaria de España solicitó formalmente al Tribunal Supremo la revisión de la sentencia que, en abril pasado, anuló una deuda fiscal de 55 millones de euros atribuida a la artista colombiana Shakira.
El recurso del organismo público reaviva el debate sobre los métodos de inspección y los criterios para determinar la residencia fiscal, un asunto que trasciende el caso de la cantante y podría sentar un precedente para miles de contribuyentes en España.
El litigio se centra en el año 2011. En su momento, la Audiencia Nacional falló a favor de la intérprete de Hips Don’t Lie debido a que, según los propios cálculos de la administración del Estado, solo se acreditó su permanencia en el país durante 163 días. La legislación española establece un umbral mínimo de más de 183 días al año para considerar a una persona como residente fiscal.
Asimismo, el tribunal desestimó el argumento de Hacienda de computar los días en el exterior como “ausencias esporádicas” y determinó que la Agencia no demostró previamente que España fuera la residencia habitual de la artista durante ese período. Ante esto, el equipo legal de la barranquillera aportó un certificado de residencia fiscal emitido por Bahamas en 2016 y alegó que su domicilio se encontraba allí desde 2007.
Más allá de la cifra millonaria, la apelación ante el Tribunal Supremo busca unificar el criterio legal sobre las pruebas válidas para establecer la residencia de un contribuyente. Los mecanismos de rastreo utilizados por los inspectores, como la revisión de consumos con tarjetas de crédito, citas en salones de belleza y fotografías tomadas por seguidores en redes sociales, han sido calificados por la defensa como “intrusivos”.
Por su parte, la Agencia Tributaria defendió sus procedimientos ante consultas de agencias internacionales como Bloomberg News y señaló que las investigaciones cuentan con múltiples niveles de supervisión técnica, por lo que los casos no dependen del criterio de un solo funcionario. Sin embargo, asociaciones como el sindicato de técnicos Gestha y la Asociación de Inspectores han manifestado la necesidad de hacer más transparentes los procesos y reorientar las prioridades del organismo hacia fraudes más complejos.
El caso coincide con un período de alta sensibilidad política en España. El ministro de Hacienda, Arcadi España, calificó las críticas internacionales al sistema como una “campaña de desprestigio”, afirmó que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es fundamental y rechazó que se catalogue como “héroes” a quienes buscan pagar menos impuestos cambiando su domicilio.
Shakira, quien recientemente participó en el espectáculo de la final del Mundial de Fútbol en las afueras de Nueva York, mantiene su postura de inocencia con respecto a 2011 y señaló, en un comunicado, que ha sido víctima de una “brutal difamación pública”. Cabe recordar que la cantante ya aceptó previamente seis cargos por fraude fiscal correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 mediante un acuerdo económico para evitar el juicio oral. La resolución definitiva del Tribunal Supremo determinará los límites de las auditorías en España.