En un país donde los debates sobre transición energética, sostenibilidad y desarrollo se cruzan con los desafíos fiscales y sociales, la industria de los hidrocarburos mantiene un rol decisivo, pues se ha convertido en un punto de equilibrio entre la urgencia de garantizar el suministro energético confiable, competitivo y asequible para todos los colombianos y la necesidad de avanzar hacia un modelo económico más sostenible.
La coyuntura no es menor. Mientras la demanda mundial de energía sigue en aumento y los precios internacionales se mantienen volátiles, Colombia enfrenta una doble presión: garantizar su autosuficiencia en materia de recursos energéticos y, a la vez, sostener los ingresos que financian el gasto público y las inversiones sociales.
En este escenario, la industria del petróleo y gas continúa siendo uno de los principales motores de la economía, con presencia en más de 300 municipios y una cadena de valor que impulsa el empleo, la infraestructura y la innovación.
Para la ACP, la respuesta no está en contraponer desarrollo económico con sostenibilidad, sino en integrarlos bajo una visión de largo plazo. “Las economías las mueven los empresarios. El papel del Estado es redistribuir la riqueza y los beneficios que generan las empresas del sector privado”, sostuvo Frank Pearl, presidente de la ACP. Y esa mirada resume la apuesta del sector de mantener la inversión como factor esencial para fortalecer la seguridad del sistema energético y consolidar un crecimiento que beneficie a las regiones al tiempo que reduce emisiones, impulsa tecnología y genera bienestar.
Energía confiable y asequible
Las empresas privadas del sector también son garantes de la seguridad energética para todos los colombianos. Pearl destacó que la inversión privada permite desarrollar proyectos de gran escala que contribuyan al abastecimiento energético del país.
No obstante, Colombia enfrenta el reto de incrementar su competitividad para mantener y atraer inversiones y así recuperar la autosuficiencia energética, todo en un contexto de disminución de reservas que equivalen a 5,9 años de reservas probadas de gas y 7,2 años para petróleo. Esto exige, bajo la óptica del gremio, políticas que incentiven la exploración y el aprovechamiento eficiente de los recursos para lograr soportar la producción en el mediano y largo plazo.
Contribución fiscal y desarrollo regional
Esa visión se refleja también en los resultados concretos que la industria aporta al país. En 2024, por ejemplo, las empresas del sector generaron alrededor de 50 billones de pesos en aportes fiscales, consolidando su papel como uno de los principales contribuyentes del Estado y motor del desarrollo territorial. “La apuesta de esta industria es de largo plazo, porque creemos en el potencial del país, y en la importancia de garantizar la seguridad energética, equidad social y sostenibilidad ambiental y fiscal”, afirmó Pearl.
Agregó que “necesitamos aumentar la exploración y producción, y optimizar el uso de los recursos derivados de esta industria”. Por ejemplo, consideró importante y necesario fortalecer el Sistema General de Regalías, la formulación técnica de proyectos, mejorar los filtros de aprobación y orientar estos recursos a iniciativas que impulsen competitividad, empleo formal y calidad de vida en las regiones.
De otra parte, el líder gremial destacó que las empresas han asumido un papel activo en la ejecución de proyectos mediante Obras por Impuestos, mecanismo que ha llevado inversión en educación, salud e infraestructura a comunidades históricamente vulnerables.
Sostenibilidad ambiental y tecnológica
Más allá de su aporte energético y fiscal, las empresas de la industria de los hidrocarburos han convertido la sostenibilidad en pilar de su estrategia, y aunque este sector representa menos del 5 por ciento de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, fue el primero en promover un Plan de Acción Sectorial enfocado en eficiencia energética y control de emisiones fugitivas, y en desarrollar el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Minero Energético (PIGCCMe).
Ese compromiso se traduce en inversión real: más de 90 proyectos en marcha orientados a reducir 11 millones de toneladas de CO₂ equivalente a 2030 —con cerca de 100 millones de dólares invertidos en los últimos cinco años—, entre los cuales se destacan parques solares con más de 400 megavatios, proyectos de geotermia no volcánica, autogeneración eléctrica con gas y programas de eficiencia operacional.
La apuesta ambiental, además, abarca un modelo de biodiversidad y economía circular a través del cual se han sembrado cinco millones de árboles, se han protegido 15.000 hectáreas de ecosistemas y se ha reciclado más del 50 por ciento de los residuos generados en las operaciones. A ello se suma la adopción de estándares internacionales como los reportes TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), que refuerzan una visión integrada de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y desarrollo económico.
Aún así, para Pearl, el reto continúa: “La transición responsable debe hacerse sin poner en riesgo el bienestar de las comunidades. Nuestro compromiso es seguir generando confianza, fortalecer la soberanía energética y garantizar que cada inversión contribuya a un desarrollo sostenible para todos los colombianos”, concluyó.