SEMANA: El atentado contra Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez despertó preocupación y rechazo. ¿Quiénes son ellos?
Ana Karina García (A. K. G.): Las dos personas que fueron víctimas de este atentado son dos perseguidos políticos venezolanos. Cada uno llegó a Colombia en fechas distintas. Yendri Velázquez llegó hace casi un año tras haber vivido una detención en Venezuela. Logramos que saliera de la cárcel por la presión internacional, ya que él es un defensor activo de la comunidad LGBTI. Hoy en día, es miembro de Amnistía Internacional, trabaja para esa organización y es solicitante de refugio. No hemos recibido respuesta por parte de la Cancillería a esa solicitud de refugio.
Por el otro lado, está Luis Peche. Él es activista de Voluntad Popular y consultor político. Ha trabajado en temas de consultoría de comunicaciones y tiene un proyecto que se llama Monitor 58, el cual hace monitoreo de las noticias y análisis internacional. También viene de la lucha política venezolana, ha sido perseguido en Venezuela y está en Colombia buscando protección. Él es colombo-venezolano, porque a través de sus padres obtuvo su nacionalidad hace un par de semanas.
SEMANA: ¿Ha pasado muy poco tiempo, pero existe alguna idea de por qué atentaron contra ellos?
A. K. G.: Yo creo que hay varias cosas importantes que hay que recalcar, no solo en torno a ellos dos, sino en torno a la situación de las personas que somos víctimas de persecución política en Colombia. Nosotros hemos visto dos casos de amenazas directas que nunca habíamos vivido. Unas personas identificadas como miembros del Tren de Aragua les decían que si seguían actuando en Colombia por la libertad de Venezuela, ellos iban a atentar contra ellos. En esa amenaza les mandaron la dirección de donde vivían. Nos tocó moverlos de lugar.
También tuvimos un caso, en ese mismo periodo, de dos jóvenes que vivían en Bosa. A ellos sí les tocaron la puerta y los amenazaron de forma directa. Ambos casos hoy se encuentran fuera de Colombia, evidentemente hubo que hacer un reasentamiento para poder proteger su vida.
En la Fundación Juntos se puede, que es una de las que atiende la mayor cantidad de migrantes, hemos estado teniendo un seguimiento de camionetas con placa venezolana, algo que nunca habíamos vivido en los ocho años que tiene la organización.
SEMANA: ¿Qué móvil podría tener este crimen?
A. K. G.: Desde nuestra perspectiva, es totalmente político. Es decir, entendemos por lo que ha transmitido la policía que esto fue un ataque directo. No hubo un proceso de robo, no es que estuviera ocurriendo un hecho aislado y ellos quedaron en el medio. Hubo un ataque contra ellos, con más de 15 balas. Ambos están heridos. Uno en sus piernas y nalga. Él está medianamente estable. A Yendri se le hizo una primera cirugía de reconstrucción de brazo en la cual perdió mucha sangre y se encuentra en UCI. Le falta una segunda operación de cadera.
Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy. Nosotros estamos convencidos de que esto es un móvil político y el llamado que estamos haciendo como fundación es al gobierno de Gustavo Petro, a que entienda que necesitamos que se apresure la revisión de las solicitudes de refugio para poder poner a estas personas en protección. En segundo lugar, necesitamos, como activistas, defensores de derechos humanos y personas perseguidas por la dictadura de Nicolás Maduro, una protección especial porque lamentablemente después de estos hechos no nos sentimos seguros en Colombia. Sentimos que no tenemos un gobierno que realmente esté preocupado por nuestra seguridad, sino que prioriza realmente las relaciones con Nicolás Maduro.
SEMANA: ¿En qué consiste la figura de protección que le solicitan al Gobierno Petro?
A. K. G.: Lo primero son quienes tienen solicitud de refugio. Este es un proceso que se pide en la Cancillería. Allí se hace una primera admisión de la solicitud para estudiarla, luego una entrevista y luego se realiza la aprobación. Eso significa que estas personas están en protección del Estado. Lamentablemente, en Colombia, la protección del Estado no quiere decir protección física, quiere decir protección jurídica. Es decir, se respeta el principio de no devolución, entre otros.
Pero nosotros vamos a enviar este martes una comunicación oficial al gobierno de Petro, donde sí pedimos protección física. Pedimos protección física para las sedes de las organizaciones, para los activistas y para los dirigentes de mayor nivel de la disidencia venezolana. Hay dos casos que a nosotros nos aterran: el primero de ellos es el homicidio del disidente Ronald Ojeda, que no es secreto para nadie, que fue una acción transnacional. Y el segundo, el del activista nicaragüense Roberto Samcam, que fue asesinado por un sicario en su casa en Costa Rica.
Es decir, para nosotros, como refugiados y como personas víctimas de la persecución, hoy nos sentimos más vulnerables que nunca en Colombia.
SEMANA: Este atentado se da en un contexto muy desafortunado o, al menos, llamativo, y es apenas días después de que María Corina Machado se ganó el Nobel de Paz y esto produce una respuesta tan dura del presidente Petro. ¿Cree que en algo tuvo que ver?
A. K. G.: Lamentablemente, más allá de suposiciones, hay hechos. Hay un mensaje muy fuerte en términos de discurso y de narrativa del presidente Petro contra el reconocimiento a María Corina, lo cual pudo haber desencadenado en términos de narrativa de odio este ataque.
Pero, por otro lado, el tweet de respuesta de Petro el día de hoy deja mucho que desear. Cuando en el último párrafo habla de una reunión en Cúcuta, que la mayoría de nosotros no entendemos de qué se trata, pero da a entrever que puede haber personas que no están en la paz, sino que están en la violencia. Poner eso sobre la mesa en medio de este ataque, es poner en tela de juicio a la disidencia venezolana.
Él dice que el gobierno de Colombia siempre ha buscado protección para nosotros, sin importar cuáles son nuestras ideas, pero protección es que se aprueben los refugios, que contemos con una comunicación directa con la Cancillería (que hoy no la tenemos).
Entonces, lamentablemente sus tweets no son solo retóricas y narrativas, sino que quiere relacionar un hecho con otra cosa: la persecución política que hoy se hace de forma transnacional. Colombia no es una excepción.
SEMANA: María Corina Machado exigió una investigación rápida sobre estos hechos.
A. K. G.: La disidencia venezolana está articulada, trabaja de forma articulada, vamos a seguir haciéndolo, no solo desde los partidos, sino desde la defensa de los derechos humanos, porque ya lo que pasa en Venezuela no se trata de un tema ideológico. Se trata de un crimen de lesa humanidad, se trata de que están llevando a un pueblo a sufrir de una manera inminente.
Nuestro llamado es a la justicia, a la transparencia, a que realmente se pongan los hechos sobre la mesa, pero además a que haya una respuesta en términos de protección. No es simplemente que agarren a las personas que hicieron esto, porque nosotros estamos convencidos de que esto es una acción coordinada de la mano del gobierno de Nicolás Maduro.
SEMANA: ¿Cómo llega usted a Colombia?
A. K. G.: Vivo en Colombia desde 2018. Tuve que salir corriendo. Dirijo Juntos se puede, tratamos de tener una institución que nos pueda proteger, que pueda dar la cara, que pueda ayudarnos.