A través de un comunicado dado a conocer por el Departamento de Estado este lunes, 28 de septiembre, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que le revocó la visa al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, así como también a sus familias, como parte de la estrategia del Escudo de las Américas.
Este es el apartado en que el gobierno estadounidense anuncia las restricciones de visado para el empresario y la congresista:
“La Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias. El Departamento revocó las visas existentes para las siguientes personas y sus familias:
“Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública.
“Martha Isabel Peralta Epieyu, Senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais)”.
En el caso de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, se ha convertido en una figura controvertida principalmente por su aparición en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y actualmente su caso se encuentra bajo investigación por delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
El caso de Euclides Torres ha sido mencionado en diferentes ocasiones por presuntas financiaciones con campañas y sectores del petrismo, especialmente con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el posterior gobierno del Pacto Histórico.
La medida también fue extendida a otros países miembros del Escudo de las Américas, como Bolivia, Ecuador y Perú. Aunque no se especifican las razones detrás de cada caso, dentro del comunicado firmado por el portavoz Thomas Piggot, se dice que “bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”.
Entre las razones para tomar la medida se cita que “esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”.
Además, se asegura que con la alianza entre dichos países se compromete a coordinar las sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes que atentan contra la seguridad, el Estado de derecho y la democracia.
“El Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, dice el comunicado.
Entre los sancionados en los otros países están altos cargos policiales, fiscales, un empresario bolivianos y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado dado a conocer en la tarde del lunes 28 de septiembre.