Un atentado ocurrido el sábado, 25 de abril, dejó 20 muertos y 36 heridos en una carretera del suroeste de Colombia, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales.
Las autoridades atribuyeron el ataque a las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016.
El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, uno de los más azotados por la ofensiva guerrillera previa a las elecciones y con una extensa superficie sembrada de narcocultivos.
Al respecto, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció por primera vez a los hechos de violencia registrados en el Cauca y el Valle del Cauca.
“Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, dice el texto publicado en las redes sociales de la Embajada.
“Las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EE. UU. y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas. Un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte. Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad de Colombia”, continúa el comunicado.
Según el Ejército, la explosión se dio en medio de un retén que habían instalado los disidentes. La bomba impactó a más de una decena de vehículos y los desplazó varios metros, de acuerdo con testigos del atentado.
La guerrilla siembra el terror en las regiones del Cauca y el Valle del Cauca, con una escalada de atentados que arrancó el viernes con un ataque bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, el cual dejó dos heridos.
Se han registrado 26 ataques desde entonces, según el Ejército.
Tras su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, las cuales han fortalecido sus filas en los últimos años.
Las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco decidieron levantarse de la mesa de negociaciones en 2024 y aumentó la presión contra civiles y Fuerza Pública.
Por su parte, Donald Trump ha presionado a Gustavo Petro para que adopte una estrategia mucho más dura contra el crimen organizado. Esto incluye reducir de forma rápida la producción de cocaína, golpear con fuerza a las redes del narcotráfico y aumentar la cooperación en seguridad con Estados Unidos.
También ha insistido en acciones militares más contundentes contra grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc, especialmente en zonas donde están vinculados al narcotráfico.
El choque principal está en el enfoque: mientras Trump exige resultados inmediatos mediante fuerza militar y control estricto, Petro ha defendido su política de paz total, basada en negociaciones con estos grupos.
Esto ha generado tensiones diplomáticas con amenazas y críticas desde Washington, aunque también ha habido momentos de cooperación en operaciones conjuntas y coordinación regional contra el crimen.
*Con información de AFP.