El Gobierno de la República del Perú oficializó la ruptura de sus relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. Esta posición fue adoptada tras la inestabilidad política en el Medio Oriente, fundamentada en acciones que comprometen la paz global y el respeto a los derechos fundamentales.
Entre los argumentos expuestos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú señaló la constante consternación por la represión de protestas ciudadanas, las limitaciones a la libertad de prensa y la persecución sistemática contra la oposición política en territorio iraní.
Dichas situaciones han sido objeto de denuncias recurrentes por parte de los mecanismos de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas.
Impacto en el comercio marítimo e incidentes nucleares
Asimismo, la administración peruana manifestó su preocupación por las afectaciones al tráfico marítimo internacional impulsadas por el régimen iraní en el estrecho de Ormuz a partir de marzo de 2026.
Las autoridades sostuvieron que tales medidas vulneran el principio de libertad de navegación marítima y generan distorsiones en las cadenas globales de suministro y en los precios del sector energético.
Adicionalmente, el Estado peruano condenó la falta de cooperación de Irán con las misiones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Frente a estos bloqueos, el Gobierno peruano indicó que la negativa de acceso a los inspectores dificulta los controles para prevenir la producción de armas nucleares en la región.
Alcance legal y mantenimiento de vínculos consulares
La notificación oficial de la decisión diplomática se remitió a la representación diplomática de Irán mediante la Embajada de ese país en Ecuador, sede que actúa como misión concurrente ante el Estado peruano.
El procedimiento formal se ejecutó en apego a los marcos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
A pesar del cese de las relaciones diplomáticas, el Ministerio aclaró que el instrumento jurídico no implica la suspensión de las funciones consulares.
Respecto a la atención de los ciudadanos en ambos territorios, el Ejecutivo precisó que se mantendrán las relaciones consulares de acuerdo con la Convención de Viena de 1963 para garantizar la protección de los nacionales.
Posición con el derecho internacional
Con esta determinación, la Cancillería peruana reafirmó su postura de rechazo a la incitación de violencia y la escalada de enfrentamientos en el Medio Oriente.
La institución enfatizó que su política exterior continuará guiada por la defensa de los valores democráticos y el respeto a los tratados de navegación y seguridad marítima.
Finalmente, las autoridades nacionales indicaron que harán seguimiento a las garantías de asistencia para los connacionales residentes en el país asiático. Mientras tanto, el consulado peruano permanecerá habilitado para los trámites y la atención de emergencias requeridas por la comunidad peruana.