Desde el 15 de septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejó de mostrar en su sistema público de localización a numerosos inmigrantes detenidos que tienen órdenes finales de deportación.
La modificación, que no fue anunciada públicamente por la agencia, dificulta que abogados y familiares conozcan dónde se encuentran las personas bajo custodia.
La decisión fue reportada inicialmente por The Associated Press, que consultó a tres funcionarios actuales y antiguos de ICE familiarizados con el cambio.
Abogados de inmigración también confirmaron que algunos de sus clientes desaparecieron repentinamente del sistema. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) alertó a sus miembros sobre la situación durante la semana pasada.
El sistema de localización de detenidos, creado en 2010, permite buscar a una persona bajo custodia de ICE mediante su número de registro migratorio, conocido como A-Number, o a través de datos como el nombre, la fecha de nacimiento y el país de origen.
Durante años, la herramienta ha sido utilizada por familiares y representantes legales para conocer el lugar donde permanece detenido un inmigrante.
El cambio tiene consecuencias directas para los procesos judiciales. Los abogados necesitan conocer la ubicación de sus clientes para comunicarse con ellos, reunir documentos y presentar recursos ante los tribunales.
En algunos casos, las demandas de hábeas corpus deben presentarse en el distrito federal correspondiente al lugar donde permanece detenido el inmigrante.
Atenas Burrola Estrada, del Amica Center for Immigrant Rights, afirmó que al menos 17 de sus clientes desaparecieron del localizador. Ocho hombres somalíes detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo también dejaron de figurar, según una abogada que representa a ese grupo.
ICE no confirmó ni negó específicamente la modificación. La agencia sostuvo que las personas con órdenes finales de remoción están siendo priorizadas para su deportación y que los detenidos tienen acceso a teléfonos.
Sin embargo, los abogados señalan que las llamadas desde los centros de detención pueden presentar dificultades y que los traslados frecuentes entre instalaciones complican aún más el seguimiento.
La preocupación aumenta porque una orden final de deportación no necesariamente significa que una persona carezca de otras opciones legales. Algunos detenidos pueden estar apelando decisiones, intentando reabrir sus casos o contar con protecciones humanitarias frente a una posible deportación.
Así, la modificación del localizador no implica que los inmigrantes hayan sido liberados o deportados, pero sí reduce la información pública disponible sobre su paradero y puede dificultar que sus representantes actúen con rapidez ante los tribunales.