El empresario colombiano Alex Saab, aliado del derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, se declarará culpable en un caso federal que lo acusa de sobornar a funcionarios para obtener lucrativos contratos de importación de alimentos, según Associated Press (AP).
Alex Saab comparecerá hoy martes, 14 de septiembre, ante la jueza Kathleen Williams en Miami para una audiencia de cambio de declaración, según consta en los registros judiciales.
Los detalles de la declaración no se hicieron públicos de inmediato y el abogado de Saab, Neil Schuster, se opuso a hacer comentarios, según la agencia de noticias estadounidense.
Saab fue expulsado de Venezuela en mayo por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos, país que durante más de 10 años había seguido de cerca al empresario colombiano.
Las autoridades estadounidenses lo señalaron por un solo delito de blanqueo de capitales, relacionado con una presunta trama destinada a constituir compañías ficticias, alterar documentos de embarque y desviar recursos procedentes de contratos estatales para la adquisición de alimentos provenientes de Colombia y México.
Saab, de 54 años, ya había sido señalado por las autoridades estadounidenses durante el primer mandato de Donald Trump, en 2019.
Tiempo después, fue detenido en Cabo Verde durante una escala para reabastecer combustible, mientras se dirigía a Irán en el marco de lo que el Gobierno venezolano presentó como una misión humanitaria de carácter diplomático, según narró AP.
Más adelante, en 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió el indulto como parte de un acuerdo que contemplaba la liberación de varios ciudadanos estadounidenses que permanecían retenidos en Venezuela.
La negociación se produjo dentro de la estrategia de la Administración Biden para intentar convencer a Nicolás Maduro de avanzar hacia unas elecciones presidenciales competitivas y transparentes. Sin embargo, el pacto generó una fuerte reacción entre dirigentes republicanos y funcionarios federales encargados de la aplicación de la ley.
Tras el indulto, estos últimos pusieron en marcha nuevas pesquisas sobre Saab por otros supuestos delitos que no estaban incluidos en la medida de gracia, cuyo alcance había sido delimitado de manera expresa.
