La jueza federal Lauren F. Louis fijó para el próximo 8 de septiembre el inicio del juicio contra el empresario colombiano Alex Saab, quien enfrenta cargos por presunto lavado de dinero ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. Se trata de uno de los casos más sensibles derivados de las investigaciones estadounidenses sobre corrupción durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Saab, de 55 años, se declaró no culpable de los cargos durante una audiencia celebrada en julio, por medio de sus abogados. La Fiscalía estadounidense lo acusa de participar en una trama internacional para lavar dinero proveniente de contratos públicos venezolanos y de ocultar el origen de fondos que habrían circulado a través del sistema financiero estadounidense.

Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia, Saab habría utilizado su cercanía con altos funcionarios venezolanos para obtener contratos vinculados al programa estatal de distribución de alimentos CLAP. Los fiscales sostienen que parte de los recursos obtenidos mediante esos contratos habría sido transferida a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para ocultar su origen.

La acusación también señala que, entre 2019 y 2026, la presunta conspiración se amplió a operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo venezolano, en momentos en que las sanciones estadounidenses afectaban las exportaciones de PDVSA. De acuerdo con los investigadores, Saab y sus asociados habrían obtenido acceso a cargamentos petroleros mediante mecanismos fraudulentos y, posteriormente, habrían movilizado recursos a través del sistema financiero estadounidense.
Alex Saab, nacido en Barranquilla, se convirtió en uno de los empresarios más cercanos a Nicolás Maduro y llegó a ocupar el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional en Venezuela. Washington lo ha señalado reiteradamente como uno de los principales operadores financieros del régimen.

Su historial judicial en Estados Unidos se remonta a 2019, cuando fue acusado por presuntos esquemas de lavado de dinero vinculados a contratos gubernamentales venezolanos. En 2020, fue detenido en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos un año después. Sin embargo, recuperó la libertad en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros acordado durante la administración de Joe Biden.

Tras regresar a Caracas, Saab retomó funciones dentro del régimen venezolano. No obstante, en mayo de este año fue deportado nuevamente a Estados Unidos y quedó bajo custodia federal para enfrentar una nueva acusación relacionada con presuntas operaciones de lavado de dinero.
El proceso judicial contra Saab se desarrolla de manera paralela a otras investigaciones federales relacionadas con figuras del antiguo gobierno venezolano, incluido Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos separados ante una corte federal de Nueva York. Diversos medios estadounidenses han señalado que la información que pueda surgir durante el juicio de Saab podría resultar relevante para otros expedientes abiertos por el Departamento de Justicia.

Si es declarado culpable del cargo principal de conspiración para lavar dinero, Saab podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
