Cinco familias venezolanas presentaron el martes una demanda federal en Brooklyn contra Nicolás Maduro, acusándolo de haber autorizado el asesinato de al menos 1.300 personas a manos de una fuerza de seguridad de élite entre 2017 y 2020, en operaciones que, según la acusación, incluían irrumpir en viviendas de barrios pobres, obligar a hombres y niños a arrodillarse y dispararles, y luego falsificar las escenas del crimen para simular enfrentamientos. The New York Times reveló los detalles de la demanda y los testimonios de las familias afectadas.
La acción judicial fue presentada por el Centro Guernica 37, una organización jurídica internacional sin fines de lucro, ante el Tribunal Federal de Distrito, al amparo de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, que permite interponer demandas civiles ante tribunales estadounidenses contra personas acusadas de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas en el ejercicio de funciones oficiales en otro país.
Para proteger a las familias de posibles represalias, los demandantes aparecen en el expediente bajo seudónimos. La demanda fue presentada en nombre de tres madres, un padre y una mujer cuyos dos hermanos murieron durante las operaciones policiales.
“No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo”, dijo la mujer identificada como Jane Doe 1, cuyo hijo de 20 años fue asesinado en 2017 cuando la policía irrumpió en su vivienda al amanecer. “A mí el Estado me mató a mi hijo”. Los vecinos declararon haber escuchado disparos horas después de la redada, como si los agentes quisieran simular un tiroteo.
Otra demandante, identificada como Jane Doe 3, relató que la policía mató a su hijo en su propia habitación y saqueó la vivienda. “A mi hijo lo asesinan en su propia habitación”, dijo. “La policía se robó la PlayStation de mi nieta y tanta ropa de mi hijo que tuve que comprarle un traje para enterrarlo”. Ella abandonó Venezuela después de los hechos. Jane Doe 2, cuyo hijo fue detenido en la calle, golpeado y asesinado a tiros en 2018, explicó el motivo de la demanda: “El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país. Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a instancias internacionales”.
Los asesinatos comenzaron tras el anuncio de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo, una serie de campañas militarizadas impulsadas por el régimen de Maduro bajo el pretexto de combatir la delincuencia. Ante las denuncias de grupos de derechos humanos, Maduro rebautizó al escuadrón con el nombre de Fuerzas de Acciones Especiales, conocido por sus siglas Faes.
En lugar de suspender las operaciones, el propio Maduro las elogió públicamente. En 2019, semanas después de la publicación de un crítico informe de la ONU, el expresidente dijo: “Todo el apoyo para el Faes, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. ¡Que viva el Faes!”
Un informe de Naciones Unidas documentó que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6.856 personas en un período de 18 meses, entre 2018 y 2019. El informe señaló, además, que los agentes alteraban sistemáticamente las escenas del crimen colocando armas o drogas junto a los cuerpos, o disparando contra las paredes para simular que las víctimas se habían resistido al arresto.
Maduro, quien permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, intentará, según se prevé, acogerse a la inmunidad como jefe de Estado. Sus abogados no respondieron a solicitudes de comentarios de The New York Times tras la presentación de la demanda.
Sin embargo, los abogados de los demandantes consideran que la jurisprudencia los favorece. “La reclamará, pero la jurisprudencia está de nuestro lado”, dijo Almudena Bernabeu, una de las abogadas. “Presentamos esta demanda porque detrás de los líderes injustos y abusivos siempre hay personas a las que se ignora”.
Michael Reed Hurtado, otro de los abogados, afirmó que “esta demanda refleja la extraordinaria determinación de las familias de las víctimas para hacer frente a los abusos de poder y afirmar que nadie está por encima de la ley”.
El precedente más cercano es el caso del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en 2018 fue condenado por un jurado en Fort Lauderdale a pagar 10 millones de dólares en relación con una masacre, aunque la cifra fue reducida tras un acuerdo en apelación. La demanda solicita una indemnización por daños y perjuicios punitivos y compensatorios, sin precisar una cifra específica.