El juez federal Alvin Hellerstein negó este martes una solicitud de los abogados del caído dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para compartir parte del material probatorio del proceso penal con otros acusados que permanecen prófugos en Estados Unidos, en medio de su proceso penal que se adelanta.
La decisión, tomada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, refuerza la posición de la Fiscalía y confirma la continuidad de un proceso que ya acumula dos reveses consecutivos para la defensa de Nicolás Maduro y su esposa.
La defensa del exmandatario venezolano había pedido que se modificara la orden de protección de evidencias, conocida en derecho estadounidense como “discovery”, para permitir que ciertos elementos probatorios fueran compartidos con otros implicados en la causa que aún no han sido capturados.
El juez rechazó la solicitud y mantuvo el texto original de la restricción. “El material de divulgación no podrá compartirse con ningún acusado mencionado que aún no haya sido detenido en esta causa, ni con el abogado de dicho acusado. No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa”, dice el juez en su argumentación.
Para la Fiscalía neoyorquina, permitir ese intercambio representaba un riesgo concreto, como lo sería comprometer la seguridad de testigos, obstaculizar investigaciones en curso y afectar la integridad del proceso. Hellerstein respaldó ese argumento en su totalidad.
Es la segunda negativa consecutiva que recibe la defensa del caído dictador ante el mismo juez en pocas semanas. A finales de marzo, Hellerstein también rechazó la petición de desestimar el caso por completo, que era el argumento central de los abogados de Maduro y Flores.
En esa ocasión, la defensa había argumentado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la Ofac, estaba violando el derecho constitucional de los acusados a elegir abogado al bloquear el acceso a fondos del Gobierno venezolano para pagar honorarios legales.
Maduro y Flores fueron trasladados desde Caracas a Estados Unidos a principios de este año, después de ser capturados en una operación militar estadounidense llevada a cabo el pasado 3 de enero.
Ambos se declararon no culpables y enfrentan cuatro cargos. Ellos son tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto de posesión de esas armas. El caso permanece en su fase preliminar, y los expertos estiman que el juicio de fondo no comenzará antes de uno o dos años.