Lo que durante años fue un secreto a voces terminó por convertirse en una declaración abierta en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, señalado por amplios sectores como un dictador, dejó claro que no contempla un escenario en el que el país vuelva a celebrar elecciones con una oposición capaz de competir en igualdad de condiciones.
“¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos (los partidos políticos opositores) atrapar al Gobierno, atrapar el poder”, afirmó Ortega, en una frase que prácticamente cerró la puerta a cualquier posibilidad de unos comicios con verdadera competencia política. Al mismo tiempo, el régimen avanza en la aprobación de una reforma, solicitada por el propio mandatario, con la que busca dejar constitucionalmente blindada la exclusión de otros partidos distintos al suyo en futuras elecciones.
Ortega adelantó que serán aprobadas leyes que “les pongan un muro, un bloque a los golpistas”, de forma que “por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder.
La Asamblea Nacional y la autoridad electoral, ambas controladas por el oficialismo, comenzaron el miércoles a definir las leyes que, según la copresidenta Rosario Murillo, buscan impedir la celebración de comicios “orientados por Estados Unidos”. “Elecciones, sí, pero elecciones propias (...), de nuestro pueblo bendito, diseñadas, organizadas desde nuestra soberanía nacional, desde nuestra dignidad”, aseguró.
Sin embargo, las declaraciones de Ortega no hacen más que confirmar una realidad que, para muchos, lleva años instalada en Nicaragua. El exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional permanece en el poder de forma ininterrumpida desde 2007 y ya acumula 19 años al frente del país. Antes de esta etapa, que suma cuatro mandatos consecutivos, también ocupó la presidencia en 1985, cargo que dejó cinco años después.
No obstante, varias de las victorias electorales de Ortega han sido cuestionadas por los amplios márgenes con los que resultó vencedor. En los comicios de 2007, cuando aún podía hablarse de un sistema electoral democrático, llegó a la presidencia con el 37,99 por ciento de los votos. Cuatro años después obtuvo cerca del 62 por ciento, y en la siguiente elección alcanzó el 72 por ciento. A medida que esos porcentajes crecían, el régimen dejó de publicar información clave sobre la situación del país. En 2016 actualizó por última vez las cifras oficiales de pobreza, que entonces se ubicaban en el 25 por ciento. Así, hace una década no existe un panorama oficial sobre la evolución de ese indicador.
Ante la ausencia de datos oficiales, las referencias más recientes sobre las condiciones de vida en Nicaragua provienen de organismos internacionales. En su informe de 2024 sobre seguridad alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) documentó un deterioro en los indicadores nutricionales del país. Según el reporte, el 19,6 por ciento de la población nicaragüense, cerca de 1,4 millones de personas, no consume suficientes alimentos, una cifra superior a la registrada en años anteriores.
El mismo informe señala que el 27,3 por ciento de la población, equivalente a cerca de 1,9 millones de personas, no puede costear una dieta saludable y sitúa a Nicaragua entre los países con crisis alimentaria prolongada. A ello se suma un informe independiente de la organización Hagamos Democracia, titulado Percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua, que sostiene que cerca del 80 por ciento de los nicaragüenses no puede adquirir los alimentos de la canasta básica.
Un panorama que contrasta con los resultados electorales obtenidos por Ortega y alimenta los cuestionamientos que, desde hace años, pesan sobre la transparencia del sistema político nicaragüense.
El anuncio de Ortega provocó una rápida reacción de Estados Unidos, que advirtió que no permanecerá pasivo frente a las medidas del régimen. “El presidente Donald Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura (...) profundiza la represión y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X.
Hasta ahora, Washington ha respondido con sanciones dirigidas contra el Gobierno nicaragüense; entre ellas, restricciones de visado para más de 2.350 funcionarios y sus familiares. Sin embargo, la Casa Blanca ha evitado aplicar una estrategia de máxima presión como la que mantiene sobre Cuba, cuya economía permanece al borde del colapso.
Las decisiones del régimen también fueron rechazadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. “Ante la dictadura más cerrada del hemisferio, todos los gobiernos de la región deberían impulsar una transición y abrir la vía de la justicia internacional”, instó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. Sus declaraciones coinciden con las conclusiones de un grupo de expertos de la ONU, que señala a Ortega por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Los principales opositores nicaragüenses interpretaron el endurecimiento del régimen como una señal de que el oficialismo sigue viendo una amenaza en quienes han intentado disputarle el control del país, pese a años de persecución, encarcelamientos y exilios.
“Ortega confiesa lo que más le inquieta: no ha conseguido neutralizar a la oposición (...), sabe que la voluntad de cambio sigue viva y que aún le disputa el país”, declaró Félix Maradiaga, exaspirante presidencial, ex preso político, despojado de su nacionalidad y actualmente exiliado en Estados Unidos.
“El miedo aumentó”, aseguró, por su parte, la excomandante guerrillera y ex presa política Dora María Téllez. Según afirmó, Murillo “fracasó en tratar de embarcar” a algunas agrupaciones políticas del país en una “farsa electoral” con la que buscaba maquillar las votaciones.
Lo que queda claro es que Nicaragua parece estar dando el paso definitivo para dejar de simular una democracia y consolidarse, incluso desde la ley, como un régimen sin espacio para la alternancia en el poder. Las declaraciones de Daniel Ortega no solo enterraron cualquier expectativa de unas elecciones competitivas, sino que constataron la intención de blindar constitucionalmente un modelo político en el que la oposición ya no tendría cabida.
El camino hacia ese escenario no comenzó con este anuncio. Buena parte de la atención internacional se enfocó durante años en los regímenes de Cuba y Venezuela, mientras Ortega desmontaba progresivamente los contrapesos institucionales, neutralizaba a sus opositores y concentraba cada vez más poder. El resultado es un país en el que hoy gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, y donde las posibilidades de un relevo democrático parecen más lejanas que nunca.
Hasta dónde llegará la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo una incógnita. Estados Unidos ha endurecido el tono y mantiene sanciones contra el régimen, pero aún está lejos de una estrategia comparable a la aplicada contra La Habana. En el caso de Venezuela, Washington encontró un interés geopolítico evidente en un país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
En Nicaragua, en cambio, ese incentivo no parece existir con la misma intensidad. Y mientras las condenas se acumulan y las advertencias se repiten, Ortega parece haber encontrado la fórmula para perpetuarse en el poder sin necesidad de volver a competir en unas elecciones reales.