La administración de Donald Trump decidió seguir adelante con la reasignación de más de 52 millones de dólares en fondos de ayuda militar estadounidense que originalmente habían sido destinados a países de Europa, Oriente Medio y el norte de África para enviarlos a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, pese a que dos congresistas demócratas habían impuesto un bloqueo al traslado, según reportó el Washington Post.
La decisión fue revelada por el reconocido medio estadounidense y posteriormente confirmada por los propios legisladores estadounidenses, quienes denunciaron que el Departamento de Estado avanzó con la operación pese a que el Congreso había objetado la modificación del destino de los recursos.
Los fondos, correspondientes al programa de Financiamiento Militar Extranjero, estaban inicialmente asignados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak. El 15 de septiembre, el Departamento de Estado notificó al Congreso su intención de transferir exactamente 52,1 millones de dólares a los cuatro países latinoamericanos.
El gobierno de Trump defiende la reasignación como parte de su nueva prioridad estratégica para el hemisferio occidental. El dinero del programa puede utilizarse para que los países beneficiarios adquieran equipamiento, servicios y entrenamiento militar estadounidense.
Cuando anunció inicialmente el traslado, el Departamento de Estado explicó que los recursos serían utilizados para combatir el narcoterrorismo, contribuir a la seguridad del Canal de Panamá y evitar que países considerados adversarios por Washington establezcan posiciones estratégicas en América Latina.
La redistribución de los fondos generó una disputa que escaló después de que la senadora demócrata Jeanne Shaheen, integrante de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante Gregory Meeks, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuestionaran la legalidad de la reasignación.
Los dos legisladores enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que reiteraron que mantenían un bloqueo sobre la transferencia de los fondos.
Según Shaheen y Meeks, el Congreso había aprobado esos recursos con un propósito específico y la administración no ha demostrado que la nueva utilización sea compatible con las restricciones establecidas por la ley. Los legisladores sostienen además que Colombia, Ecuador, Panamá y Perú no han proporcionado asistencia de seguridad significativa a Ucrania ni a los aliados europeos afectados por la invasión rusa.
La carta señala que el Departamento de Estado entregó el 29 de septiembre respuestas escritas a las preguntas formuladas por los comités sobre la transferencia. Sin embargo, Shaheen y Meeks consideran que esas respuestas no ofrecieron una explicación suficiente sobre por qué los cuatro países latinoamericanos podían recibir fondos que habían sido aprobados para objetivos relacionados con Ucrania y los países afectados por la guerra.
Los legisladores advirtieron que consideran que avanzar con la transferencia pese al bloqueo constituiría una violación de las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos y podría tener consecuencias para la relación del Departamento de Estado con los comités del Congreso.