En la noche de este miércoles 13 de mayo de 2026, la Presidencia de la República de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su “profunda preocupación y lamenta la escalada de violencia registrada en la región fronteriza del Catatumbo, producto del conflicto interno colombiano, que ha ocasionado víctimas mortales y graves afectaciones a la población en la zona limítrofe”.
En el documento, el Gobierno venezolano señaló que el país ha sido sorprendido por estos eventos y rechazó las acciones armadas que comprometen la estabilidad de las comunidades.
“Nuestro país ha sufrido históricamente las consecuencias del conflicto interno colombiano y observa con preocupación cómo esta nueva escalada vuelve a impactar la vida de los pueblos de ambos lados de la frontera”, dicta el texto oficial.
Asimismo, la administración venezolana enfatizó que la paz en la región solo podrá preservarse mediante mecanismos de entendimiento y respeto mutuo para evitar riesgos a las poblaciones.
Origen de la ola de violencia
La región del Catatumbo enfrenta una crisis de seguridad que se ha intensificado durante el mes de mayo.
De acuerdo con los reportes de inteligencia, la situación se deriva de una ofensiva masiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Ambos grupos mantienen una disputa por el control de las economías locales y las rutas de tránsito hacia el territorio venezolano.
Últimos acontecimientos y tecnología militar
Entre abril y mayo de 2026, se han documentado bombardeos e incursiones que dejan un saldo de al menos cinco personas fallecidas en áreas cercanas a la línea fronteriza.
Además de los enfrentamientos terrestres, las autoridades han detectado el uso de drones cargados con explosivos por parte de las organizaciones ilegales, lo cual ha derivado en la destrucción de viviendas civiles.
Ante este panorama, se ha planteado la activación de mecanismos de inteligencia conjunta entre Colombia y Venezuela, bajo estrategias como la denominada Operación Relámpago del Catatumbo, con el objetivo de coordinar operativos que frenen el avance de los grupos armados.
Magnitud de la crisis humanitaria
La intensidad de las confrontaciones ha generado un impacto social de grandes proporciones. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo, el conflicto ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas.
Corregimientos como Filogringo, Pachelli y La Angalia se encuentran casi deshabitados debido al éxodo forzado y al confinamiento de sus habitantes.
Organismos internacionales como el Consejo Noruego para Refugiados han alertado también sobre un incremento en el reclutamiento de menores y afectaciones directas a las misiones médicas, incluyendo el robo de ambulancias y el desabastecimiento de suministros de salud en las zonas rurales.