La “Misión Firewall”, mas conocida como misión cortafuego, representa una nueva etapa diplomática en la lucha conjunta entre Estados Unidos y México contra el tráfico de armas ilícitas. En su primera reunión celebrada en McAllen, Texas, los gobiernos acordaron coordinar operativos e inspecciones conjuntas, compartir información en tiempo real y ampliar la capacidad tecnológica para rastrear armas recuperadas en delitos.
El acuerdo, promovido por la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio a México, se consolidó a través del Grupo de Implementación de Seguridad que integran seis agencias de cada país. Durante ese encuentro se formalizó el arranque de la iniciativa bajo los principios de respeto a la soberanía, reciprocidad y cooperación institucional.
Uno de los pilares del plan es la expansión del uso de la plataforma eTrace y de la tecnología balística en los 32 estados mexicanos, lo cual permitirá identificar el origen de armas usadas en crímenes y reconstruir rutas de tráfico. México, que hasta ahora no contaba con una base nacional integrada de armas, ha enfatizado que estas herramientas son vitales para desbaratar cadenas de abastecimiento criminales.
De igual forma, Estados Unidos se comprometió a intensificar las inspecciones en su frontera con México y a poner en marcha una plataforma segura para intercambiar datos de paquetes sospechosos, especialmente aquellos enviados por vía aérea o terrestre. La idea es identificar armas, drogas, precursores químicos o combustibles ilícitos antes de que crucen el límite binacional.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, calificó la misión como una “cooperación histórica” y subrayó que por primera vez ambos países implementarán inspecciones conjuntas e intercambio de inteligencia en tiempo real. Aseguró que la estrategia marcará “un antes y un después” en la relación bilateral.
Esta iniciativa surge en un contexto doloroso. Según cifras oficiales de la ATF, entre 2022 y 2023 el 36% de las armas recuperadas en crímenes en México pudieron ser rastreadas a compradores en Estados Unidos. Además, investigaciones recientes estiman que alrededor del 74% de las armas en manos de los cárteles mexicanos provienen ilegalmente de estados fronterizos como Arizona, Texas, California y Nuevo México.
Analistas advierten que detrás del acuerdo también está la intención de atacar las finanzas del crimen organizado. México ha destacado que la cooperación binacional pretende desmantelar redes de financiamiento ilícito, fortalecer capacidades para la confiscación de bienes y avanzar en procesamientos penales compartidos.
No obstante, especialistas han señalado que los desafíos son enormes, pues las leyes estadounidenses protegen a fabricantes de armas, y no siempre existe voluntad política o recursos suficientes para controlar las ventas y las rutas de tráfico.
México no es novato en gestiones bilaterales: la Iniciativa Mérida (2007) ya incluyó componentes para frenar el avance de armas, aunque su alcance y eficacia han sido cuestionados.
Con la “Misión Firewall”, ambos gobiernos aspiran a traducir promesas diplomáticas en resultados concretos. El efecto real dependerá de compromisos sostenidos, recursos operativos y del rigor en la implementación técnica. Mientras tanto, las expectativas están puestas en que esta cooperación marque un punto de inflexión verificado en la reducción del fuego ilícito que alimenta la violencia en México.