En un clima político marcado por el endurecimiento migratorio, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, ha dejado claro que incluso los inmigrantes que esperan una decisión sobre su solicitud de asilo, podrían enfrentar deportaciones.
La afirmación realizada en una sesión de preguntas difundida en X, profundiza el miedo de quienes han seguido las vías legales para pedir protección y hoy quedan atrapados entre la incertidumbre administrativa y un sistema de asilo paralizado.
¿Por qué reevaluar el proceso de asilo?
El mensaje que recibieron los inmigrantes llegó sin matices.
Durante una intervención pública difundida ampliamente en X por reporteros de política nacional, Noem fue consultada directamente: “¿Deportarás a personas con solicitudes de asilo pendientes?”
Su respuesta fue tajante: “Lo haremos si así es, absolutamente. Sí. Vamos a revisar a cada persona que tenga una solicitud de asilo pendiente.”
La frase resume el nuevo enfoque de la administración y confirma que ningún solicitante, ni siquiera aquellos en pleno trámite, está exento de una posible expulsión.
De acuerdo con declaraciones verificadas por medios nacionales y reportadas por The Washington Post, AP News y The Guardian, la secretaria Noem ha reiterado que “cada persona con una solicitud de asilo pendiente” será revisada bajo criterios de seguridad reforzados, y que aquellos que “no pertenezcan legalmente al país” enfrentarán deportación.
¿Cómo incide la decisión en los solicitantes inmigrantes?
Para los solicitantes, la situación es devastadora, pues familias que habían logrado cierto grado de estabilidad (permisos de trabajo, escuelas, atención médica o abogados asignados), se enfrentan a un futuro completamente incierto.
Muchos de ellos no saben si sus documentos serán renovados, ni si el Gobierno retomará sus casos bajo las mismas reglas con las que ingresaron en el proceso.
Esa reinterpretación del sistema ha desatado preocupación en organizaciones de derechos humanos y en expertos legales.
Se advierte que hay un riesgo de retrocesos en obligaciones internacionales, especialmente el principio de non-refoulement, que prohíbe devolver a una persona a un país donde pueda sufrir persecución.
Mientras el DHS avanza con una revisión masiva, miles de inmigrantes siguen sin una respuesta, conscientes de que su futuro depende de un proceso detenido y de un gobierno decidido a redefinir quien merece protección y quien no.
En esa espera ansiosa, la frase de Noem: “vamos a revisar a cada persona”, se ha convertido en un recordatorio de que, para una población entera, la incertidumbre ahora es la norma.