Estados Unidos es uno de los destinos favoritos de millones de inmigrantes que buscan cambiar su calidad de vida, aumentar sus ingresos y mejorar la economía propia y de sus familias.
Pero el objetivo de cumplir el sueño americano parece cada vez más complejo para algunos, teniendo en cuenta las nuevas medidas implementadas por el presidente Donald Trump.
El mandatario de 79 años llegó a su segundo mandato el pasado 20 de enero con la promesa de fortalecer la política de inmigración y la seguridad en su territorio.
Para ello, implementó diferentes medidas, las cuales incluyen sanciones para aquellas personas que extienden su tiempo de estadía más allá del establecido, o que desde un principio entraron con documentos falsos o vencidos a EE. UU.
Por ejemplo, el pasado mes de agosto el gobierno de EE. UU. anunció un programa piloto donde los solicitantes de visas B-1 o B-2 deberán realizar depósitos de entre 5.000 y 15.000 dólares, un monto que será devuelto al solicitante una vez retorne a su país de origen.
El monto será determinado por los diferentes consulados, los cuales se basan en la tasa de sobreestadía, la cual se refiere al “overstay” en inglés, es decir, cuando un visitante no inmigrante permanece en un país más allá del período de admisión autorizado.
Dependiendo de la fecha en la que se devuelva el ciudadano, se le reintegrará o no el monto que tuvo que pagar inicialmente.
De igual forma, el gobierno de Donald Trump decidió instaurar este jueves 16 de octubre un monto de 1.000 dólares para los solicitantes del parole humanitario.
Este permiso es una autorización temporal para ingresar y permanecer en Estados Unidos por motivos humanitarios urgentes o un beneficio público significativo, emitida por el gobierno estadounidense.
Por lo tanto, miles de personas que buscan llegar a EE. UU. para escapar de diferentes conflictos armados deberán asumir un costo adicional, lo que ha generado debate entre comunidades migrantes y organizaciones humanitarias.
Asimismo, el pasado miércoles 15 de octubre, la embajada estableció que se impondrán multas a aquellas personas que ingresen a través de la frontera sur de Estados Unidos.
Las personas que se arriesguen a entrar de manera ilegal por dicha zona enfrentarán multas de al menos 5.000 dólares, y el monto final será determinado después del arresto.