El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que crea un grupo operativo federal destinado a investigar lo que su administración define como “terrorismo interno” de origen izquierdista, una decisión que ya genera fuertes críticas por posibles abusos de poder.
Según el documento oficial, el nuevo organismo estará adscrito al Departamento de Justicia, al FBI, al Tesoro y al IRS, y tendrá facultades para rastrear fondos, desarticular redes y procesar a quienes sean considerados promotores de violencia política. Aunque la orden no especifica con claridad los límites legales, la Casa Blanca afirma que responde a “actos coordinados de violencia y destrucción contra instituciones democráticas”.
La medida llega en un contexto en el que Trump ya había designado al movimiento Antifa como “organización terrorista nacional”, acción que expertos legales han cuestionado por carecer de base jurídica en el sistema estadounidense. Parte del argumento oficial señala que recientes eventos violentos, como el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk y un ataque contra una oficina del ICE en Dallas, son parte de una campaña organizada por grupos de izquierda radical. Sin embargo, al momento no se ha presentado evidencia pública concluyente que vincule esos hechos con grupos estructurados.
En su memorándum, Trump nombró específicamente donantes como George Soros y Reid Hoffman como posibles objetivos de investigación bajo sospecha de financiar actividades ilegales, una acusación que los señalados han desestimado y denunciado como persecutoria.
A partir de esta estrategia, la justicia federal ya ha empezado a instruir investigaciones preliminares contra la Open Society Foundations, organización impulsada por Soros, bajo cargos teóricos como fraude o “apoyo material al terrorismo”.
Los críticos y organizaciones de derechos civiles advierten que la iniciativa podría abrir una puerta peligrosa para la persecución política y la censura de la protesta legítima. La ACLU calificó la medida como un intento de “silenciar la disidencia política” y resalta que no existe un mecanismo legal establecido para declarar organizaciones domésticas como terroristas sin vulnerar la Primera Enmienda.
Abogados consultados han señalado que muchas de las atribuciones del grupo podrían colisionar con garantías constitucionales, especialmente si se amplía el concepto de “apoyo material” a actos pacíficos o debates políticos.
Este nuevo órgano se suma a un patrón más amplio de intervención federal en asuntos locales. En agosto de 2025, Trump declaró una emergencia por “criminalidad” en Washington D. C. y trasladó al gobierno federal el control de la policía local, acción que expertos cuestionaron por basarse en datos estadísticos que mostraban una baja histórica de crímenes en la ciudad.
También se ha consolidado el llamado Weaponization Working Group dentro del Departamento de Justicia, iniciativa acusada de perseguir adversarios políticos mediante revisiones e investigaciones selectivas.
La administración defiende que la medida es una respuesta urgente al aumento de lo que considera violencia política organizada, pero hasta ahora no ha presentado un mapa claro de qué acciones específicas calificarán como terrorismo interno ni cómo se protegerán las libertades civiles.
Especialistas advierten que el nuevo grupo podría transformarse en una herramienta de represión selectiva si no se establecen límites transparentes ni supervisión independiente. El tiempo dirá si esta estrategia se convierte en un modelo de combate al extremismo o en un precedente para legitimar persecuciones políticas.