Las tensiones internas del país norteamericano han ido creciendo desde que Donald Trump asumió el segundo mandato presidencial en enero de 2025.
Debido a sus políticas antiinmigratorias ejecutadas por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y algunas decisiones administrativas que doblegaron políticas públicas, en varias ciudades se presentaron varias protestas.
Para controlar las que Trump llama “zonas de guerra”, desplegó la Guardia Nacional, una reserva del ejército de Estados Unidos, con funciones militares mas no civiles.
Normalmente, las tropas se despliegan ante desastres naturales para servir en la atención de la emergencia presentada y, en muy pocas ocasiones, para intervenir en problemas de orden público.
Sin embargo, Trump le ha dado un uso reiterado en ciudades donde ICE ha tenido resistencia por parte de los habitantes de la zona, desembocando en fuertes protestas.
Exceso de poder
Así bien, expertos políticos sostienen que el republicano se ha sobrepasado en sus poderes presidenciales, con un vacío legal que en los tribunales no le ha dado la razón al actual presidente.
De esto dan cuenta las demandas impuestas por el gobernador de California, Gavin Newsom, y su homólogo demócrata J. B. Pritzker, quien precede el cargo ejecutivo en el estado de Illinois.
Ambos políticos han tenido que gestionar la irrupción de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Chicago, ciudades santuario en las que se han visto afectaciones por operaciones de ICE ante la comunidad inmigrante de la metrópoli.
Ante los estrados judiciales, Pritzker y Newsom lograron frenar las intenciones de Trump para imponer orden en sus territorios.
¿La ley lo permite?
Bajo esta premisa, la Ley Posee Comiattus limita la injerencia de fuerzas militares en la aplicación de leyes nacionales, que desde hace 150 años ha estado a cargo de autoridades civiles.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirma que “el presidente quiere ayudar a estos líderes locales que han sido completamente ineficaces a la hora de proteger sus propias ciudades”.
Ahora bien, los análisis coinciden en que el Pentágono y Trump pasan por encima de la organización estatal y federal.
La normativa establece que cada estado tiene la facultad de ejercer control sobre las acciones de las tropas asignadas a su territorio, pero estas pueden ser federalizadas ante situaciones extraordinarias, que es a lo que acude Trump.
Por el momento, jueces federales y varios opositores han parado al mandatario, quien está dispuesto a usar militares para combatir el “crimen en las ciudades”.