Un escándalo de supuestos hechos de corrupción sacudió este lunes al Tolima. La Fiscalía informó que le imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, por presuntas irregularidades en un contrato de junio de 2024 para la adquisición de alimentos para perros y gatos de un centro de protección animal.
La alcaldesa, según la Fiscalía, habría delegado el ordenamiento del gasto en el exsecretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.
Además de la alcaldesa y del exsecretario de Gobierno, son investigados la abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, Jessika Soto Salas; el contratista Ernesto Alfonso Quiroga; y la asesora de despacho, Johana Carolina Veloza Guio.
Según la Fiscalía, Veloza Guio, Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos.
Además, la Fiscalía señala a la asesora de haber elaborado los estudios previos con precios ajenos al mercado y de haber solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco.
Acerca del contratista Ernesto Alfonso Quiroga, el ente acusador considera que es responsable de haber permitido el direccionamiento del contrato a su favor y de haber obtenido 34.991.000 pesos por concepto de sobrecostos.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La alcaldesa Aranda, del Centro Democrático, negó su responsabilidad y no aceptó cargos.
De la misma manera sucedió con los demás imputados. Las audiencias no avanzaron en la solicitud de medida de aseguramiento, por lo que los investigados deberán defenderse en libertad.