A cinco días de la primera vuelta presidencial, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, carga el inri de polémicos respaldos a su campaña de reconocidos personajes que tienen deudas pendientes con la justicia, casi todos con líos por corrupción, un escenario que la pone en serios aprietos con su electorado.
Paloma no tiene investigaciones por corrupción, pero no ha rechazado estos polémicos respaldos que, a juicio de sus contradictores, ponen en evidencia cómo sería su eventual gobierno.
Al contrario, la candidata del Centro Democrático ha dejado claro que no ha feriado puestos ni contratos con ningún partido político tradicional ni con sus congresistas.
Este martes, 26 de mayo, la Corte Suprema de Justicia condenó en primera instancia a 69 meses de prisión al senador Jhon Moisés Besaile, del Partido de la U, por irregularidades en la contratación. Le endilgan los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado.
Besaile —a juicio de la Corte— se perpetuó en las regiones donde se habríann conformado “estructuras criminales en las diferentes entidades del Estado que tienen poder de decisión”.
Besaile grabó recientemente un video y lo divulgó en sus redes sociales donde anunció su respaldo presidencial a Valencia en plaza pública: “Ya es hora de que una mujer llegue a la presidencia, por eso apoyemos a Paloma Valencia para que sea la primera mujer en lograrlo. Es honrada, he tenido la dicha de conocerla porque es colega y es transparente, sincera, trabajadora, cumplidora y no está untada de corrupción. Hay que apoyarla”.
De otro lado, hace un mes aproximadamente, el senador Didier Lobo, del Partido Cambio Radical, también anunció su respaldo público a Valencia.
“Colombia necesita decisiones firmes, pero también responsables. Hoy encuentro coincidencias con Paloma Valencia en algo fundamental: defender el empleo, proteger las regiones y avanzar sin improvisaciones. Nos une, además, una amistad y cercanía construida durante ocho años de trabajo conjunto en el Congreso de la República, donde hemos coincidido en la defensa de los intereses de los colombianos”, afirmó el senador.
Pero la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó y llamó a juicio a Lobo porque cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico, César, en 2012, protagonizó un presunto detrimento patrimonial de 1.492 millones de pesos en un contrato.
Paloma Valencia también carga entre pecho y espalda el cuestionamiento por el respaldo que le estaría ofreciendo el representante del Partido de la U, Wilmer Carrillo.
Carrillo, uno de los principales defensores de Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, no hizo presencia en la tarima, pero SEMANA habló con varias fuentes en Norte de Santander y el Centro Democrático y confirmaron que el parlamentario “puso todo”.
Carrillo fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema por un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales que celebró cuando fue secretario de infraestructura de Norte de Santander.
Él apeló el fallo en segunda instancia. Si su defensa no convence a la Corte, podría pagar 99 meses de prisión, además de una multa superior a los 200 millones de pesos y la “inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 104 meses más 19 días”, según se lee en el comunicado del alto tribunal.