El exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, obtuvo una decisión favorable de la justicia española luego de cuatro años de investigaciones y procesos judiciales relacionados con presunto blanqueo de capitales y asuntos tributarios.
Un juzgado de Gavà, en España, ordenó el archivo provisional del caso y abrió la puerta para la devolución de más de 4,4 millones de euros que permanecían retenidos en medio del proceso.
La decisión fue emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gavà el pasado 26 de marzo de 2025, bajo la firma de la magistrada Neus Soriano Collado, quien concluyó que “no existen motivos suficientes para mantener la acusación por estos hechos contra persona o personas determinadas”.
En la decisión judicial se estableció el “sobreseimiento provisional” de las actuaciones relacionadas con la pieza separada por presunto blanqueo de capitales dentro del expediente 142/2021.
La jueza ordenó además el archivo de la causa, al considerar que las diligencias practicadas no permitieron sostener una acusación penal sólida.
Uno de los puntos clave del expediente fue la postura de la Fiscalía española. En el documento conocido dentro del proceso, el Ministerio Público se adhirió a la solicitud de archivo presentada por la defensa de Ardila y sostuvo que “no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito de blanqueo de capitales”.
La Fiscalía también dejó constancia de que “las rentas que constituyen el hecho imponible del IRPF no tenían origen ilícito”, razón por la cual el caso por lavado de activos no prosperó.
A través de un comunicado de prensa divulgado por su equipo, Ardila aseguró que las decisiones judiciales marcan el inicio de una etapa para “recuperar plenamente su nombre y reivindicar su trayectoria”.
Aunque el archivo conocido corresponde específicamente al proceso por blanqueo de capitales, dentro del expediente se menciona que continuaban actuaciones relacionadas con presuntos delitos fiscales pendientes de enjuiciamiento en España.
Sin embargo, Ardila sostiene que las decisiones judiciales recientes representan uno de los principales reveses para las acusaciones que lo rodearon durante los últimos años.
Con el fallo conocido ahora, la justicia española ordenó además el reintegro de los más de 4,4 millones de euros vinculados al proceso judicial.