Tumban millonaria reparación para el exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila por privación de su libertad: esto dijo el Consejo de Estado

El Consejo de Estado acaba de anular el fallo con el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había condenado a la Rama Judicial y a la Fiscalía General a reparar al exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, por haberlo privado de su libertad.

Al exdirigente se le había impuesto medida privativa de la libertad el 26 de diciembre del 2007, por decisión de la Fiscalía General de la Nación, que lo investigaba como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

Se le señalaba de haber incurrido en actos de extorsión para obtener derechos sobre el terreno y las actividades mineras que se adelantaban en las islas del Sol y del Amor en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

El demandante en este caso fue acusado del delito de extorsión, pero fue absuelto por un Juzgado del Circuito Especializado de Cundinamarca el 11 de noviembre del 2011, decisión que fue confirmada cinco meses después por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Tras esta decisión, el exgobernador presentó esta demanda de reparación directa, al considerar que se le había causado un daño que no tenía que soportar, consistente en la privación injusta de la libertad.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagarle al accionante y a sus familiares 300 salarios mínimos mensuales vigentes, por daños morales, y más de 43 millones de pesos, por daños materiales, generados con la detención injusta de la que, a su juicio, fue víctima el exdirigente. Para esa corporación, la decisión de la justicia penal de absolverlo por falta de pruebas “acreditaba la responsabilidad estatal en la producción del daño”.

La Fiscalía sostuvo que la medida de aseguramiento se basó en indicios de graves de responsabilidad.

Tras revocar el fallo condenatorio, en este nuevo fallo, Consejo de Estado explicó que las entidades demandadas “no incurrieron en acción u omisión que las hiciera responsables del deber de reparar el alegado daño”. Sostuvo que la medida privativa de la libertad “se ajustó a la legislación penal de la época, que exigía la existencia de al menos dos indicios graves de responsabilidad por parte del indiciado, para proferir ese tipo de decisiones”.

Ante los testimonios de varios areneros, que señalaban al exgobernador de presionarlos para vender sus derechos de explotación minera, y la presunta coparticipación del indiciado en actos de intimidación protagonizados por sus escoltas y maquinaria pesada que había destruido cultivos en la Isla del Amor, el Consejo de Estado consideró que la privación de la libertad no fue injusta, sino que tenía una justificación amparada por la ley.

Además, la corporación judicial determinó que “no se ocasionó ningún daño antijurídico derivado de la captura ni del tiempo que empleó la justicia penal en emitir un veredicto sobre el caso”.

Fue tal el nivel de riqueza y lujos que adquirió Ardila que el año pasado, SEMANA dio a conocer los detalles de un operativo que permitió encontrarlo en España. Ardila hacía parte de una empresa criminal que habría estado moviendo millones de euros desde hace por lo menos dos años. De manera confidencial, las autoridades de ese país, en colaboración con Interpol Colombia, rastrearon movimientos financieros y cuentas bancarias en España y otras naciones.

Tanto así que vivía en alquiler en la lujosa mansión en la que residió la estrella del fútbol Ronaldinho Gaúcho. Su valor es de 14.000 euros mensuales, un monto cercano a los 63 millones de pesos.

Trata de personas

Los problemas del exgobernador de Cundinamarca con las autoridades españolas no solo se relacionan con el lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones de la Ucrif, también estaría cometiendo el delito de trata de personas, tal como lo denunciaron varios de sus empleados.

En mayo de 2020 se presentaron en la dependencia del grupo III de la Ucrif, en Barcelona, dos personas que manifestaron tener información de delitos en los cuales estaría involucrado Ardila. Los denunciantes advirtieron que sentían temor por el poder de Ardila y sus allegados, tanto en Colombia como en España. Ante la contundencia de las versiones y señalamientos, estos dos empleados pasaron a convertirse en testigos fundamentales en el caso. Gracias a estas denuncias, la Ucrif ubicó a otra persona que también era víctima del delito de trata de personas.