El sector transporte en Colombia enfrenta una carrera contrarreloj para cumplir con una de las obligaciones regulatorias más sensibles en materia financiera.
Más de 3.600 empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte tienen plazo hasta el 6 de mayo para implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), un requisito que busca blindar las operaciones frente a riesgos legales y reputacionales.
La advertencia no es menor. Las compañías que no cumplan podrían enfrentarse a investigaciones y sanciones que incluyen multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la falta.
En un sector con alta exposición a flujos de dinero, rutas y múltiples intermediarios, el cumplimiento de estos estándares se convierte en una condición clave para operar.
El reto es significativo si se tiene en cuenta la dimensión del sector. Solo en 2025, en Colombia se movilizaron más de 151 millones de toneladas de carga por carretera, lo que representó un crecimiento del 3,7% frente al año anterior.
En esta dinámica participaron 2.620 empresas y más de 166.000 vehículos, además de registrarse más de 13 millones de viajes. Este volumen evidencia la complejidad operativa y el riesgo inherente de la actividad.
El SARLAFT no es un trámite menor. Se trata de un sistema que obliga a las empresas a identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados al lavado de activos, lo que implica conocer a clientes, proveedores, conductores, aliados y beneficiarios finales.
Además, deben documentar sus procesos, conservar evidencia y establecer responsables internos que respondan ante las autoridades.
La regulación también introduce diferencias según el tamaño de las empresas. Aquellas con ingresos iguales o superiores a 142.206,50 UVB deben implementar el sistema completo, mientras que las de menor tamaño pueden aplicar un régimen simplificado.
Sin embargo, esto no las exime de controles básicos, lo que amplía el alcance de la norma incluso en compañías pequeñas .
A este requisito se suma otra obligación: el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), orientado a prevenir prácticas como la corrupción y el soborno.
En conjunto, ambas exigencias reflejan un endurecimiento de las reglas de juego para el sector, que ahora debe demostrar no solo su capacidad operativa, sino también la trazabilidad y legalidad de sus relaciones comerciales.
Más allá del cumplimiento formal, el desafío es estructural. El transporte es una actividad con múltiples puntos de riesgo: manejo de carga, pagos, rutas e intermediarios. Una debilidad en la validación de terceros puede traducirse en impactos legales, financieros y reputacionales.
En este escenario, el cumplimiento de estas normas deja de ser un requisito administrativo y se convierte en un elemento clave para la sostenibilidad del negocio.
La diferencia ya no está solo en operar, sino en demostrar que se hace bajo estándares que reduzcan los riesgos de una actividad que, por su naturaleza, está bajo permanente vigilancia.